La Red de Veedurías de Colombia radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Víctor de Currea-Lugo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia. La acción judicial se fundamenta en audios y mensajes de WhatsApp que evidencian intentos del exfuncionario por obtener declaraciones de Salvatore Mancuso contra el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Según la denuncia, estos hechos buscarían configurar delitos como fraude al sufragante, constreñimiento, fraude procesal y concierto para delinquir durante la campaña electoral de 2026. El material probatorio revela que De Currea-Lugo instó a Mancuso a conceder una entrevista para generar un "golpe de opinión" que favoreciera al candidato oficialista Iván Cepeda. El exasesor argumentó en las grabaciones que, de no producirse dicho impacto mediático, el Gobierno Petro enfrentaría una derrota en las urnas. Por su parte, Salvatore Mancuso confirmó haber recibido las comunicaciones, pero aseguró que no accedió a la petición por carecer de información veraz y por su negativa a participar en señalamientos políticos durante la contienda. Víctor de Currea-Lugo admitió el contacto con el exjefe paramilitar, aunque sostuvo que sus acciones fueron realizadas por iniciativa personal y como periodista independiente tras haber renunciado a su cargo en el Gobierno en abril de 2026. El exasesor negó haber recibido instrucciones de terceros o haber ofrecido beneficios a cambio de declaraciones. Este episodio se suma a las controversias previas sobre el denominado 'Pacto de Valledupar', donde se cuestionó la gestión de funcionarios gubernamentales en sus acercamientos con excomandantes de las AUC.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de instrumentalización de actores vinculados al conflicto armado para incidir en la opinión pública durante un proceso electoral polarizado. La narrativa construida por el exasesor intenta separar su actuación de la responsabilidad institucional del Gobierno, presentándola como un ejercicio periodístico legítimo, mientras que la denuncia de la veeduría busca elevar el caso al plano penal para demostrar una posible coordinación estatal en la manipulación del debate electoral. En términos de capital político, el Gobierno y sus aliados pierden legitimidad al quedar expuestos los intentos de influir en la contienda mediante el uso de figuras controvertidas como Mancuso. Por otro lado, el actual presidente Abelardo de la Espriella se posiciona como víctima de una campaña de desprestigio, lo que refuerza su narrativa de defensa de la institucionalidad frente a lo que denomina intentos de manipulación por parte de sectores afines a la administración anterior.

La Red de Veedurías de Colombia radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Víctor de Currea-Lugo, exasesor del Dapre, por presuntos delitos electorales. La acusación se fundamenta en audios y chats donde el exfuncionario habría intentado persuadir al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para que emitiera declaraciones contra el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Los delitos señalados incluyen fraude al sufragante, constreñimiento al sufragante, fraude procesal y concierto para delinquir. Las comunicaciones, fechadas en mayo y junio de 2026, muestran a De Currea-Lugo solicitando un "golpe de opinión" para favorecer la campaña de Iván Cepeda ante la inminente derrota electoral del oficialismo. Salvatore Mancuso confirmó haber recibido los mensajes, pero aseguró que no respondió a las peticiones por carecer de información veraz y por su negativa a participar en señalamientos políticos durante la contienda. El exparamilitar enfatizó que no accedió a la entrevista ni filtró el material revelado posteriormente por medios de comunicación. De Currea-Lugo admitió haber contactado a Mancuso, pero sostiene que lo hizo por iniciativa personal como periodista independiente tras haber renunciado a su cargo gubernamental en abril de 2026. El exasesor niega haber recibido instrucciones del Gobierno Petro para instrumentalizar a los excomandantes de las AUC o haber ofrecido beneficios a cambio de testimonios. Este evento se suma a las controversias previas sobre el denominado 'Pacto de Valledupar', donde se investiga si existió una estrategia institucional para afectar a figuras políticas de oposición.

Análisis político

El evento revela una estrategia de instrumentalización de actores judiciales y excombatientes para alterar el curso de una contienda electoral polarizada. La narrativa del oficialismo, representada por De Currea-Lugo, intenta desvincular sus acciones de la responsabilidad institucional, presentándolas como un ejercicio legítimo de libertad de prensa y convicción política personal. Por el contrario, la oposición y los entes de control construyen una narrativa de abuso de poder, sugiriendo que el Gobierno utilizó su influencia sobre los gestores de paz para intentar deslegitimar a sus adversarios mediante la guerra sucia. En términos de capital político, el Gobierno Petro y su entorno cercano resultan los principales perdedores al quedar expuestos a investigaciones penales que refuerzan la percepción de irregularidades en su gestión de la paz. Por otro lado, el presidente Abelardo de la Espriella se fortalece al consolidar su posición como víctima de una supuesta persecución estatal, lo que le permite desviar el foco de las acusaciones sobre sus propios vínculos pasados. La judicialización del caso traslada la disputa del terreno mediático al ámbito penal, donde la veracidad de los testimonios y la cronología de las renuncias serán determinantes para definir responsabilidades.