Defensoría del Pueblo reporta 74 casos de reclutamiento infantil en el primer semestre de 2026
Resumen
La Defensoría del Pueblo informó que entre enero y junio de 2026 se registraron 74 casos de reclutamiento forzado de menores en Colombia. Esta cifra se suma a los 419 casos documentados durante todo el año 2025, periodo en el cual el Cauca se consolidó como el departamento con mayor incidencia. La entidad advirtió que estos datos representan solo una parte de la realidad debido a un marcado subregistro causado por el miedo de las familias a denunciar.
El Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc figura como el principal responsable de este delito, seguido por el ELN y otras estructuras armadas sin identificar. El informe detalla que el 65 % de las víctimas en 2026 son niños y el 35 % niñas, con una afectación desproporcionada en comunidades indígenas y afrocolombianas. La Defensoría enfatizó que la reducción estadística respecto a años anteriores no implica una disminución real de la violencia, sino una posible normalización del delito o desconfianza institucional.
Diversos sectores, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, han alertado que el reclutamiento infantil persiste como una tragedia vigente que afecta a menores cada 20 horas. El caso de una menor de 13 años raptada en Tibú, Norte de Santander, ilustra la gravedad de la situación en los territorios. Las autoridades reiteraron el llamado a la sociedad civil y a las instituciones educativas para colaborar en la protección de la infancia frente a los grupos armados.
Análisis Político
La estrategia política observada se centra en la visibilización de la crisis humanitaria como mecanismo de presión hacia los grupos armados que mantienen procesos de negociación o acercamiento con el Estado. Al señalar específicamente a estructuras como el Estado Mayor Central, la Defensoría y otros organismos buscan exponer el incumplimiento de los compromisos de paz, trasladando la responsabilidad del fracaso en la protección de menores directamente a los actores ilegales que operan en los territorios.
En este escenario, el Estado pierde legitimidad al no garantizar la seguridad en zonas críticas como el Cauca y Norte de Santander, mientras que los grupos armados pierden capital político al ser expuestos como violadores sistemáticos de derechos humanos. La narrativa oficial se construye desde la urgencia de la protección de la infancia, mientras que los grupos armados intentan mantener el control territorial mediante la coacción, normalizando el reclutamiento como una herramienta de expansión militar.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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