Una operación militar contra el frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo resultó en la muerte de cuatro personas, entre ellas una adolescente de 16 años. El Ministerio de Defensa confirmó el operativo, señalando que la menor se encontraba en función continua de combate y que la acción buscaba proteger a las comunidades rurales de Tibú. Durante los enfrentamientos, tres soldados resultaron heridos tras la activación de un campo minado en la zona. La defensora del Pueblo, Iris Marín, instó al Gobierno Nacional a reevaluar el uso de bombardeos como estrategia militar ante la recurrencia de víctimas menores de edad. Marín enfatizó que, aunque los grupos armados son responsables del reclutamiento ilícito, el Estado debe adoptar medidas de precaución más estrictas para evitar que estas muertes se normalicen como daños colaterales. Desde el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, siete menores han fallecido en operativos de este tipo. El Gobierno defendió la legalidad de la operación, asegurando que se cumplieron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario. Las autoridades reiteraron que los objetivos fueron identificados previamente y que la presencia de menores en campamentos es una táctica de instrumentalización por parte de los grupos ilegales. La controversia se mantiene sobre la eficacia de los ataques aéreos frente a los riesgos que enfrentan los menores reclutados forzosamente.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la legitimidad de la fuerza y la defensa de la soberanía, utilizando el marco del Derecho Internacional Humanitario para blindar sus operaciones ante el escrutinio público. Al calificar a los menores como combatientes en función continua, el Ejecutivo desplaza la responsabilidad ética hacia los grupos armados, consolidando una narrativa de seguridad nacional donde el fin justifica los medios operativos. La Defensoría del Pueblo, por su parte, busca capitalizar el costo político de estas muertes para presionar por un cambio en la doctrina militar, posicionándose como un contrapeso institucional que prioriza la protección de derechos humanos sobre la eficacia táctica. Mientras el Gobierno gana terreno en su discurso de mano dura contra las disidencias, pierde legitimidad ante sectores sociales que ven en los bombardeos una política desproporcionada que perpetúa el ciclo de violencia contra la población más vulnerable.