JEP imputa a diez exjefes de las Farc por crímenes contra pueblos indígenas
Resumen
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a diez antiguos integrantes de los bloques Sur y Oriental de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1996 y 2016. Entre los señalados figuran tres miembros del último secretariado de la extinta guerrilla: Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra y Julián Gallo. La decisión judicial se enmarca en el Caso 09, que investiga afectaciones a los pueblos Nükak Baká, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw en la Amazonía y la Orinoquía.
La investigación documentó 1.134 victimizaciones que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos y el uso de minas antipersonal. El tribunal identificó dos patrones de macrocriminalidad: ataques sistemáticos contra la autonomía y el gobierno propio de las comunidades, y crímenes cometidos en el contexto de las hostilidades que dañaron el tejido espiritual y ambiental de los territorios. Según la JEP, los líderes indígenas fueron blanco de agresiones por ser señalados erróneamente de colaborar con grupos enemigos.
Los diez comparecientes, quienes no habían sido investigados previamente por la justicia ordinaria por estos hechos, cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reconocer o controvertir su responsabilidad. De aceptar los cargos, podrán acceder a sanciones propias del sistema de justicia transicional, mientras que su negativa los llevaría a un proceso adversarial con penas de hasta 20 años de prisión. Este evento marca un hito en el reconocimiento de la violencia diferenciada contra los pueblos étnicos en Colombia.
Análisis Político
La imputación de la JEP refuerza la estrategia de justicia restaurativa al visibilizar la victimización de comunidades étnicas, un sector históricamente marginado en el conflicto armado. Al señalar a figuras de alto perfil como Julián Gallo, el tribunal busca equilibrar la narrativa de responsabilidad, demostrando que el sistema de justicia transicional mantiene su capacidad de sancionar a los máximos responsables, incluso ante las presiones políticas y los intentos de recortes presupuestales que amenazan su operatividad.
En este escenario, las víctimas ganan legitimidad al ver documentado el exterminio cultural y territorial como un crimen de lesa humanidad, mientras que los exguerrilleros enfrentan el costo político de reconocer actos que trascienden la confrontación militar. La narrativa del tribunal se contrapone a los sectores que cuestionan la eficacia de la JEP, consolidando una postura institucional que prioriza la verdad plena sobre la impunidad, a pesar de la polarización que rodea la financiación y el futuro del tribunal en el Congreso.
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