La Defensoría del Pueblo presentó tres puntos prioritarios para la recuperación nacional al cumplirse dos meses del terremoto del 10 de agosto. Este sismo, que dejó 335 fallecidos y afectó a 500 municipios en 16 departamentos, ha profundizado las desigualdades preexistentes en las comunidades rurales y urbanas. La entidad instó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a reabrir el registro de afectados y eliminar las barreras de acceso a la asistencia institucional. El organismo enfatizó que la respuesta estatal no debe limitarse a la atención inmediata de la emergencia. Propuso integrar la gestión del riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial y en las decisiones de desarrollo municipal para reducir la exposición a futuras amenazas. La Defensoría subrayó la necesidad de adoptar medidas de adaptación al cambio climático y fortalecer la planificación preventiva en todo el país. Finalmente, la institución solicitó la creación de un marco normativo para proteger los derechos de las personas desplazadas o que requieren reubicación por desastres. Este protocolo debe garantizar condiciones dignas de alojamiento, retorno y acceso a servicios básicos con un enfoque diferencial. La entidad reiteró que la gestión del riesgo debe ser una política de Estado centrada en la protección de los derechos humanos y no solo una reacción ante catástrofes.

Análisis político

La estrategia de la Defensoría del Pueblo se centra en ejercer presión institucional mediante la visibilización de fallas en la respuesta estatal, posicionando la gestión del riesgo como un eje central de los derechos humanos. Al exigir transparencia y la reapertura de registros, la entidad busca capitalizar el descontento social de las víctimas para forzar al Gobierno a una mayor eficiencia administrativa y presupuestal en la reconstrucción. En este escenario, el Gobierno Nacional pierde legitimidad al ser señalado por la ineficacia en la atención a los damnificados, mientras que la Defensoría gana relevancia política al actuar como garante de los derechos de las poblaciones vulnerables. La narrativa del organismo se construye sobre la idea de que el Estado ha sido reactivo y negligente, contrastando esta postura con la necesidad de una política pública preventiva y estructural que trascienda los periodos de gobierno.