La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La acción busca anular 56 decretos que otorgaron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El organismo argumenta que estas decisiones son ilegales y arbitrarias, al no considerar el interés superior de las víctimas ni los riesgos para su seguridad. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha sostenido que su cartera está obligada por ley a ratificar las decisiones de las comisiones de reducción de condenas. Sin embargo, registros judiciales demuestran que el Ministerio contaba con la facultad legal de rechazar dichas solicitudes y defender esa postura en tribunales, tal como ocurrió en casos previos. La Defensoría enfatiza que el cambio de criterio ministerial contraviene la normativa vigente y las interpretaciones respaldadas anteriormente por la Corte Suprema. La solicitud judicial exige que se dejen sin efecto los decretos y se informe a los Juzgados de Garantía para asegurar el cumplimiento efectivo de las penas, incluyendo posibles órdenes de detención. Además, se requiere la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social para activar medidas de protección hacia las víctimas. Este conflicto ocurre en un momento de alta tensión política, marcado por la amenaza de una acusación constitucional contra el titular de Justicia.

Análisis político

La estrategia del Ministerio de Justicia se basa en una interpretación técnica y restrictiva de sus funciones administrativas, buscando deslindar responsabilidad política al presentarse como un mero ejecutor de decisiones de comisiones técnicas. Por el contrario, la Defensoría de la Niñez utiliza una estrategia de judicialización para confrontar esta narrativa, exponiendo que la discrecionalidad del Ejecutivo sí permitía una postura más protectora hacia las víctimas, lo que debilita el argumento de la obligatoriedad legal esgrimido por el Gobierno. El Gobierno pierde capital político al quedar expuesto a una contradicción entre su discurso de protección a la infancia y sus actos administrativos, lo que facilita el avance de una acusación constitucional por parte de la oposición. La Defensoría de la Niñez, al actuar como contrapeso institucional, se posiciona como el actor que defiende los derechos fundamentales frente a la burocracia estatal, logrando instalar una narrativa de negligencia gubernamental que resuena con la opinión pública y aumenta la presión sobre el gabinete.