La Defensoría del Pueblo emitió una alerta ante el recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo, específicamente en los municipios de Sardinata y Tibú. En el sector de Mate Lata, seis personas resultaron heridas tras la explosión de un artefacto lanzado desde un dron, mientras que en Pachelli un adulto mayor sufrió la pérdida de una extremidad por una mina antipersonal. Estos hechos se enmarcan en una confrontación persistente entre el ELN y las disidencias de las FARC que afecta gravemente a la población civil. La entidad denunció además una campaña de amenazas y estigmatización contra los personeros de la región a través de redes sociales. Este hostigamiento busca deslegitimar la labor de defensa de los derechos humanos y acompañamiento a las comunidades que realizan estos funcionarios. La Defensoría enfatizó que tales señalamientos incrementan el riesgo para la vida e integridad de quienes ejercen estas funciones en un territorio marcado por la alta conflictividad. Ante este panorama, el organismo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para garantizar la protección de los habitantes y de los defensores de derechos humanos. Asimismo, reiteró a los grupos armados su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y mantener a la población civil fuera de las hostilidades. La Fiscalía ha sido instada a investigar los hechos para determinar las responsabilidades por las afectaciones causadas a los civiles.

Análisis político

La estrategia de los grupos armados en el Catatumbo se centra en el control territorial mediante el uso de tecnología no convencional, como drones, y la siembra de minas, lo que genera un desplazamiento forzado de la responsabilidad sobre las víctimas. Al estigmatizar a los personeros, los actores ilegales buscan neutralizar a los únicos representantes institucionales que actúan como veedores y protectores de los derechos humanos en zonas donde la presencia estatal es limitada o intermitente. En este escenario, la población civil y los funcionarios locales son los grandes perdedores, al quedar atrapados en el fuego cruzado y ser blanco de señalamientos que los exponen a represalias. Por su parte, los grupos armados consolidan una narrativa de poder que desafía la autoridad del Estado, mientras que el Gobierno enfrenta el desgaste político de no lograr contener la crisis humanitaria que persiste en la región desde inicios de 2025.