Abelardo de la Espriella inicia su mandato presidencial en un contexto marcado por una profunda crisis humanitaria y el cuestionamiento generalizado a la política de paz total del gobierno saliente. Informes de la Fundación Ideas para la Paz revelan que, durante los últimos cuatro años, los grupos armados ilegales incrementaron sus filas en un 90%, pasando de 15.120 a 28.802 integrantes. Esta expansión territorial y delictiva, que incluye un aumento crítico en los secuestros, ha dejado al nuevo mandatario con el reto de gestionar siete mesas de diálogo que, en la práctica, carecen de avances significativos. La administración saliente de Gustavo Petro concluye su periodo con cifras negativas en seguridad, caracterizadas por el fortalecimiento de estructuras como el Clan del Golfo y el ELN. Diversos sectores, incluyendo organismos internacionales y víctimas del conflicto, han señalado que la falta de líneas rojas y una estrategia disuasiva permitieron que los grupos criminales utilizaran los espacios de negociación para consolidar su control territorial. La deslegitimación de las salidas negociadas se presenta como una de las consecuencias más graves del diseño de esta política pública. El nuevo gobierno ha anunciado un giro de 180 grados en su estrategia, priorizando la seguridad y el sometimiento a la justicia sobre las negociaciones abiertas. De la Espriella ha manifestado su intención de no negociar con grupos criminales, enfocándose en una ofensiva militar para recuperar el control del Estado. Esta transición marca el fin de una era de diálogos y el inicio de una etapa de incertidumbre sobre el futuro de los procesos de paz vigentes y la protección de la sociedad civil.

Análisis político

La estrategia política del nuevo gobierno se fundamenta en la ruptura narrativa con el modelo de negociación previa, posicionando el concepto de 'sometimiento a la justicia' como la única vía legítima frente a estructuras criminales fortalecidas. Al priorizar la ofensiva militar, el Ejecutivo busca capitalizar el descontento social derivado de la inseguridad, distanciándose de la administración anterior para legitimar su autoridad mediante la mano dura y la recuperación del orden público. En este escenario, el gobierno entrante gana legitimidad ante los sectores críticos de la paz total, mientras que el gobierno saliente pierde capital político al dejar un legado de cifras en rojo y una deslegitimación de las salidas negociadas. La construcción de narrativas se divide entre quienes defienden la necesidad de una respuesta estatal contundente y aquellos que advierten sobre los riesgos de abandonar los espacios de diálogo, dejando al nuevo presidente ante el desafío de equilibrar sus promesas de campaña con las realidades constitucionales e internacionales.