Un atentado con explosivos destruyó durante la madrugada del sábado el peaje Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, Santander de Quilichao, Cauca. La infraestructura, que se encontraba en su fase final de construcción, forma parte del proyecto vial Popayán-Santander de Quilichao a cargo del concesionario Nuevo Cauca. El ataque obligó al cierre temporal de la vía Panamericana mientras las autoridades realizaban labores de verificación y seguridad en el sector. Las Fuerzas Militares señalaron a las estructuras 'Dagoberto Ramos' y 'Jaime Martínez', disidencias de las Farc bajo el mando de 'Iván Mordisco', como los presuntos responsables del hecho. El incidente dejó dos vigilantes con heridas leves y daños materiales significativos en la caseta. Este suceso ocurrió apenas un día después de la ceremonia de posesión del presidente Abelardo De la Espriella, quien realizó su investidura en Cali. El Gobierno Nacional, a través de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, rechazó el ataque y reafirmó la intención de recuperar el control territorial y la seguridad en la región. Por su parte, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exigió al Ministerio de Defensa una presencia militar permanente en el corredor vial. La concesionaria Nuevo Cauca reiteró su compromiso con la obra, pese a las amenazas constantes contra la infraestructura estratégica del suroccidente colombiano.

Análisis político

El atentado se presenta como un desafío directo a la nueva administración presidencial, que basó su discurso de posesión en la recuperación del orden y el combate frontal contra grupos armados. La estrategia de los actores armados ilegales busca marcar una línea roja desde el inicio del mandato, utilizando la infraestructura estratégica como un símbolo de vulnerabilidad estatal y un mecanismo para generar zozobra en una zona históricamente afectada por el conflicto. El Gobierno gana legitimidad al proyectar una postura de firmeza y rechazo absoluto, alineando su narrativa con la de los gremios económicos que exigen seguridad para la inversión. Por el contrario, pierden las comunidades locales y el sector de infraestructura, que ven cómo el desarrollo regional queda supeditado a la confrontación armada. La narrativa oficial se construye bajo la premisa de 'recuperación del orden', mientras que los grupos armados intentan imponer una narrativa de control territorial y capacidad de sabotaje frente a las nuevas políticas de seguridad.

El peaje de Cachimbal, ubicado en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, fue destruido en la madrugada del sábado por un atentado con explosivos. El ataque ocurrió horas después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, quien condenó el hecho y advirtió que no habrá impunidad ni contemplaciones contra los responsables. Las autoridades atribuyen preliminarmente la acción a las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de alias Iván Mordisco. El incidente dejó dos vigilantes con heridas leves y obligó al cierre temporal de la vía, un corredor estratégico para el suroccidente del país. La Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario Nuevo Cauca evalúan los daños, mientras el Ejército Nacional y la Policía realizan labores de verificación en la zona para descartar la presencia de más artefactos. Este evento se suma a una jornada de violencia que incluyó ataques contra una subestación de policía en el Cesar, donde falleció un subintendente. La respuesta del Gobierno se ha centrado en reafirmar su política de confrontación directa contra los grupos armados ilegales. Gremios de infraestructura han exigido mayor presencia militar permanente para proteger las obras y a los trabajadores del sector. El presidente De la Espriella enfatizó que el Estado utilizará toda su capacidad para recuperar el control territorial y evitar que el terrorismo afecte el progreso y la movilidad nacional.

Análisis político

El atentado representa una estrategia de desafío directo por parte de los grupos armados ilegales, quienes buscan marcar una línea roja ante el inicio de una administración que ha prometido una política de seguridad de confrontación sin diálogos. Al atacar infraestructura estratégica en el Cauca, los grupos armados intentan demostrar capacidad de daño y control territorial, forzando al nuevo gobierno a responder militarmente desde su primer día, lo que condiciona la agenda pública hacia la seguridad y el orden público. El presidente De la Espriella gana legitimidad ante su base electoral al mantener un discurso de mano dura y firmeza, consolidando su narrativa de autoridad frente a la criminalidad. Por el contrario, el Estado pierde capacidad de maniobra inmediata al verse obligado a desviar recursos para la protección de infraestructura, mientras que los grupos armados pierden legitimidad social al afectar el desarrollo regional, aunque logran posicionarse como actores capaces de desestabilizar la transición gubernamental.