El operativo de la Fuerza Pública en Riohacha, que resultó en la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, y tres personas más, generó una fuerte controversia política. El expresidente Gustavo Petro cuestionó el procedimiento al señalar que, al estar la vivienda rodeada, las autoridades debieron priorizar la captura sobre la fuerza letal. El exmandatario preguntó públicamente si existía una política de pena de muerte y lamentó que no se preservara la vida de los ocupantes. El creador de contenido Westcol reaccionó a estas declaraciones durante una transmisión en vivo, defendiendo el actuar de los uniformados y criticando la postura del exjefe de Estado. El streamer argumentó que los integrantes de la Fuerza Pública no deben esperar a ser atacados para responder y calificó de contradictoria la preocupación de Petro por los criminales. Según el influenciador, el enfoque del exmandatario ignora el bienestar de los soldados y los delitos previos cometidos por el cabecilla. Alias ‘Bendito Menor’ era señalado por las autoridades como un cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, responsable de narcotráfico, extorsiones y homicidios en la región Caribe. Mientras el actual gobierno de Abelardo de la Espriella presentó el operativo como un éxito de su estrategia de seguridad, el debate sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos en intervenciones policiales continúa dividiendo opiniones en redes sociales.

Análisis político

Se observa una estrategia de polarización donde el expresidente Petro utiliza el escrutinio sobre los derechos humanos y la proporcionalidad de la fuerza para cuestionar la legitimidad de la nueva administración. Por su parte, figuras de opinión como Westcol capitalizan el descontento popular frente a la criminalidad, promoviendo una narrativa de mano dura que prioriza la seguridad sobre el garantismo, lo cual resuena con sectores que exigen resultados contundentes contra los grupos armados. En este evento, el gobierno actual gana legitimidad al mostrar resultados operativos contra cabecillas criminales, mientras que el expresidente Petro asume el costo político de ser percibido como un defensor de delincuentes por parte de sus críticos. La construcción de narrativas es opuesta: mientras uno enfatiza la legalidad y el respeto a la vida en el procedimiento, el otro construye un relato de 'soldados de bien' frente a 'bandidos', simplificando el debate público hacia una dicotomía de orden contra impunidad.

El expresidente Gustavo Petro generó controversia tras cuestionar la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, durante un operativo en Riohacha. Petro criticó que la Fuerza Pública optara por abatir al criminal y a tres de sus acompañantes en lugar de capturarlos, sugiriendo que la operación fue diseñada para eliminarlo. El exmandatario también afirmó que el grupo armado tenía voluntad de desmovilización durante su administración, proceso que, según él, fue saboteado por inteligencia extranjera. La postura de Petro fue rechazada por diversos sectores políticos y figuras públicas, quienes calificaron sus declaraciones como cínicas y defensoras de la criminalidad. El presidente Abelardo de la Espriella defendió la legitimidad de la operación, calificándola como un golpe necesario contra el narcoterrorismo y advirtiendo que no tolerará la idealización de delincuentes. El mandatario también ordenó acciones contundentes contra quienes realizaron disparos al aire durante el sepelio de Pérez Toncel, asegurando que los responsables están identificados. El debate se intensificó con la intervención del streamer Westcol, quien criticó duramente al exmandatario por priorizar la vida de un criminal sobre la de los uniformados. Mientras el Gobierno actual reafirma su estrategia de ofensiva frontal contra las estructuras armadas, expertos advierten que la baja de un cabecilla de alto valor podría desencadenar disputas territoriales entre grupos ilegales. La tensión institucional persiste mientras las autoridades mantienen el despliegue de seguridad en La Guajira.

Análisis político

Se observa una estrategia de polarización narrativa donde el expresidente Petro intenta posicionarse como un defensor de los derechos humanos y la paz negociada, cuestionando la proporcionalidad del uso de la fuerza. Por el contrario, el presidente De la Espriella utiliza el evento para consolidar una narrativa de 'mano dura' y autoridad, buscando legitimidad mediante la confrontación directa con el crimen organizado y el rechazo a las políticas de su antecesor. En este escenario, el Gobierno gana capital político al mostrar resultados tangibles en seguridad, mientras que Petro pierde respaldo en sectores que exigen contundencia contra la criminalidad. La construcción de narrativas opuestas —una centrada en la desmovilización y otra en la neutralización— evidencia una fractura profunda en la visión de Estado, donde el uso de figuras mediáticas como streamers amplifica el debate hacia la opinión pública, alejándolo de los tecnicismos jurídicos.

El expresidente Gustavo Petro cuestionó la legalidad y proporcionalidad del operativo en Riohacha, La Guajira, donde fueron abatidos Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', su pareja y dos escoltas. Petro argumentó que el procedimiento, ejecutado por la Fuerza Pública, priorizó la eliminación de los sujetos sobre su captura, planteando dudas sobre el respeto a la vida y la Constitución. Además, el exmandatario sostuvo que el grupo armado al que pertenecía el fallecido tenía voluntad de desmovilización durante su administración, proceso que, según él, fue saboteado por agencias de inteligencia extranjeras. El presidente Abelardo de la Espriella defendió la operación, calificándola como un golpe contundente contra el narcoterrorismo y un paso necesario para recuperar la seguridad en la región. El mandatario advirtió que no tolerará la cultura de la ilegalidad y ordenó a la Fuerza Pública intensificar las acciones contra quienes intenten seguir el camino delictivo. Esta postura fue respaldada por sectores políticos y figuras públicas que criticaron duramente a Petro, acusándolo de defender a criminales y de haber sido cómplice de la impunidad durante su mandato. La tensión escaló tras la difusión de videos del sepelio de 'Bendito Menor', donde seguidores realizaron disparos al aire como homenaje. Ante este hecho, el presidente De la Espriella reiteró que los responsables están identificados y serán judicializados para sacarlos del mercado delictivo. Mientras tanto, el exministro de Defensa de Petro, Pedro Sánchez, reconoció el éxito de la operación tras meses de inteligencia, distanciándose de las críticas del exjefe de Estado y validando la persistencia de las autoridades actuales.

Análisis político

Se observa una estrategia de polarización donde el expresidente Petro intenta capitalizar su narrativa de 'Paz Total' para cuestionar la legitimidad de la fuerza letal, presentándose como un defensor de los derechos humanos y la desmovilización. Por su parte, el presidente De la Espriella utiliza el evento para consolidar una imagen de autoridad y mano dura, buscando legitimidad mediante resultados operativos inmediatos y el respaldo de la cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos. El gran ganador político es el actual Gobierno, que logra capitalizar la neutralización de un objetivo de alto valor para fortalecer su narrativa de orden y seguridad. El perdedor es el expresidente Petro, cuya intervención ha generado un rechazo generalizado en diversos sectores, incluyendo figuras de opinión pública, quienes perciben sus declaraciones como una defensa injustificada de actores criminales, debilitando su capital político frente a la opinión pública que demanda resultados contra la inseguridad.