Más de 1.800 personas en los municipios de Linares, Los Andes y La Llanada, Nariño, enfrentan una grave crisis humanitaria debido a combates entre el Estado Mayor Central y las Autodefensas Unidas de Nariño. La situación, que se intensificó desde el 17 de octubre, ha provocado el desplazamiento masivo de familias y el confinamiento de comunidades enteras que carecen de acceso a servicios básicos. El uso de drones con explosivos y el control territorial de los grupos armados han agravado el riesgo para la población civil. Una misión humanitaria de la Gobernación y la Alcaldía fue atacada con ráfagas de fusil el 19 de octubre mientras intentaba evacuar a habitantes de la vereda Bella Florida. Previamente, el equipo había logrado rescatar a 300 personas, pero el hostigamiento obligó a suspender las labores de asistencia en zonas donde aún permanecen cerca de un centenar de ciudadanos atrapados. La Defensoría del Pueblo ha solicitado una intervención urgente del Gobierno nacional para garantizar la seguridad y el acceso a alimentos y salud. Las autoridades locales y organismos internacionales reportan cifras divergentes sobre el impacto real, con estimaciones que superan las 700 familias afectadas. El secretario de Paz de Nariño ha enfatizado la necesidad de una respuesta integral que trascienda el enfoque militarista para resolver el conflicto. Mientras tanto, la interrupción de clases y el cierre de centros de salud en la región evidencian el colapso de la infraestructura social ante la escalada de violencia.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la disputa por el control territorial entre grupos armados ilegales, quienes utilizan el confinamiento de la población civil como una herramienta de presión y dominio. Por otro lado, la Gobernación de Nariño intenta posicionar una narrativa de urgencia humanitaria que busca desmarcarse de la respuesta puramente militar, exigiendo al Gobierno nacional una intervención integral que proteja a las comunidades vulnerables. En este escenario, la población civil es la principal perdedora, al quedar atrapada en medio de las hostilidades y sufrir la interrupción de sus derechos fundamentales. El Gobierno nacional enfrenta el costo político de la incapacidad para contener la expansión de estos grupos, mientras que los actores armados consolidan su poder mediante la coacción, desafiando la autoridad del Estado y la eficacia de las misiones humanitarias en el territorio.