El terremoto de magnitud 7.4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha dejado un saldo crítico de 273 fallecidos, miles de heridos y más de 97.000 personas afectadas a nivel nacional. La infraestructura en el departamento del Chocó, especialmente en Quibdó, enfrenta un colapso sanitario con el Hospital San Francisco de Asís operando bajo condiciones extremas y sobreocupación. Las réplicas constantes y la falta de conectividad han dificultado las labores de rescate y la evaluación precisa de los daños en las zonas rurales y asentamientos indígenas. Las autoridades locales, encabezadas por la gobernadora Nubia Córdoba-Curi y alcaldes municipales, han solicitado ayuda urgente al Gobierno Nacional ante la precariedad de los servicios básicos y el aislamiento de varias comunidades. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la ausencia de censos unificados, lo que impide dimensionar la magnitud real de la tragedia y la distribución efectiva de las ayudas. Mientras tanto, la atención se ha centrado en la remisión de pacientes graves a otras regiones y en la gestión de donaciones para cubrir necesidades de alimentación, vivienda y salud. La respuesta estatal ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones indígenas, que denuncian una atención nula en sus territorios y una desigualdad marcada en la llegada de socorros. A pesar de la llegada de asistencia internacional y el despliegue de equipos de rescate, la situación en los municipios más apartados sigue siendo precaria. La emergencia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad estructural de la región y la necesidad de una estrategia de reconstrucción adaptada a las condiciones geográficas del trópico húmedo.

Análisis político

La gestión de la crisis revela una tensión entre la capacidad de respuesta centralizada y las necesidades de la periferia, donde la falta de infraestructura previa agrava el impacto del desastre. Se observa una estrategia de supervivencia por parte de los mandatarios locales, quienes utilizan los medios de comunicación para visibilizar el abandono histórico de sus territorios y presionar al Gobierno Nacional por recursos inmediatos. La narrativa de 'olvido estatal' se convierte en el eje central de la comunicación política de los líderes regionales, contrastando con el discurso oficial de atención a la emergencia. El Gobierno Nacional asume el costo político de la descoordinación, mientras que los actores locales y organizaciones sociales ganan legitimidad al denunciar la brecha en la atención. La construcción de narrativas se divide entre la urgencia de la reconstrucción técnica y la exigencia de justicia social para las comunidades rurales e indígenas. En este escenario, la capacidad del Estado para unificar cifras y llegar a las zonas dispersas determinará la percepción de eficacia de la administración central frente a una de las mayores tragedias del siglo.