El corregimiento de Ortega, en Cajibío, Cauca, enfrenta una grave crisis de orden público debido a intensos combates entre el Ejército Nacional y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. La confrontación se ha intensificado desde el 9 de agosto con el uso de enjambres de drones cargados con explosivos, táctica que ha dejado al menos 12 militares y seis civiles heridos. Las autoridades militares han señalado que los grupos armados utilizan viviendas y escuelas como trincheras, lo que constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario. La población civil se encuentra en una situación de confinamiento y vulnerabilidad extrema, con cerca de 700 familias afectadas por el fuego cruzado y la escasez de suministros básicos. Líderes comunitarios se han desplazado hasta el Cantón Militar en Popayán para exigir una intervención estatal urgente que garantice su seguridad y el cese de las hostilidades. El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, solicitó formalmente al Gobierno Nacional un refuerzo operacional contundente para recuperar el control territorial y proteger a los habitantes. El mando militar ha identificado a alias Jairo Ramírez como el cabecilla responsable de estas acciones, vinculándolo además con ataques previos en la vía Panamericana. Mientras las Fuerzas Militares despliegan capacidades aéreas y terrestres para contrarrestar la ofensiva, la comunidad ha solicitado la intervención de organismos internacionales como la ONU y la CIDH. La situación permanece tensa, con reportes de desplazamientos forzados y denuncias sobre el reclutamiento de menores en la zona.

Análisis político

La estrategia del Estado se centra en una respuesta militar convencional frente a una táctica insurgente no convencional, evidenciando una brecha tecnológica en la contención de drones. El Gobierno busca mantener la legitimidad institucional mediante la protección de la población, mientras que las disidencias utilizan el control territorial y el terror para imponer su dominio sobre economías ilícitas, forzando a la comunidad a actuar como escudo humano. En este escenario, el Estado pierde capacidad de maniobra al ser cuestionado por su incapacidad de prevenir el confinamiento, mientras que las disidencias ganan terreno en la narrativa de control territorial a costa de la crisis humanitaria. La construcción de la narrativa oficial enfatiza el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario frente a la barbarie insurgente, mientras que la comunidad construye una narrativa de abandono estatal, presionando al Gobierno para que pase de la retórica de paz a la acción de seguridad efectiva.