La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras fallar a favor de una tutela presentada por el exfuncionario. El alto tribunal determinó que se vulneró el debido proceso cuando el Tribunal Superior de Bogotá impuso una medida de aseguramiento intramural más gravosa que la solicitada inicialmente por la Fiscalía General de la Nación. La Corte concluyó que los magistrados de instancia se extralimitaron al justificar la cárcel con argumentos abstractos sobre el impacto institucional, en lugar de basarse en los riesgos procesales expuestos por el ente acusador. El exministro permanecía recluido en una unidad policial de Cali desde diciembre de 2025, señalado por su presunta participación en el direccionamiento de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para obtener apoyo legislativo. A pesar de la decisión judicial, el proceso penal en su contra continúa vigente y el Tribunal Superior de Bogotá deberá emitir un nuevo pronunciamiento sobre su situación jurídica. La Fiscalía mantiene su intención de llevar el caso a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La liberación se produjo en la jornada final del mandato del presidente Gustavo Petro, quien celebró la decisión a través de redes sociales. El mandatario calificó a Velasco como un "preso político" y sostuvo que su encarcelamiento fue un intento de destruir su gobierno progresista. Esta reacción contrasta con el enfoque estrictamente procesal del fallo judicial, que se limitó a corregir una irregularidad en el procedimiento de imposición de la medida de aseguramiento sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal del exministro.

Análisis político

La estrategia política del exministro se centró en la defensa técnica mediante la acción de tutela, logrando capitalizar una falla procedimental de los jueces para revertir su situación de reclusión. Por su parte, el presidente Petro utiliza este evento para reforzar una narrativa de persecución judicial contra su administración, etiquetando el caso como un acto de "preso político" para deslegitimar las investigaciones de corrupción que han marcado el cierre de su gobierno. El principal ganador en términos inmediatos es Velasco, quien recupera su libertad mientras continúa su defensa en el proceso penal. El sistema judicial, por otro lado, enfrenta un desgaste en su imagen al ser cuestionado por la Corte Suprema por extralimitaciones en la imposición de medidas cautelares. La narrativa del gobierno busca transformar un revés judicial por corrupción en una victoria política de resistencia, mientras que la Fiscalía queda bajo presión para demostrar la solidez de sus pruebas en la etapa de juicio.