Corte Suprema niega tutela a Santiago Uribe y mantiene firme condena de 28 añosActualizado · hoy
Resumen
La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez. Con esta decisión, el alto tribunal ratificó que no procede el recurso extraordinario de casación contra la sentencia que confirmó su condena por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. El hermano del expresidente Álvaro Uribe permanece recluido en una guarnición militar en Rionegro, Antioquia, cumpliendo una pena de 28 años y tres meses de prisión.
El proceso judicial contra Uribe Vélez se centra en su responsabilidad como líder del grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’, estructura que operó en el norte de Antioquia durante la década de 1990. La condena, dictada inicialmente por el Tribunal Superior de Antioquia en noviembre de 2025, fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema en junio de 2026. La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, argumentó que se vulneraron derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al rechazar la casación.
La Corte Suprema concluyó que la Sala Penal no actuó de manera arbitraria, al considerar que la impugnación especial resuelta previamente constituye la instancia de cierre. La corporación enfatizó que permitir un nuevo recurso convertiría al tribunal en una tercera instancia, lo cual contraviene la jurisprudencia vigente. El expediente será remitido a la Corte Constitucional para una eventual revisión, a menos que la decisión sea impugnada.
Análisis Político
La estrategia de la defensa de Santiago Uribe se ha enfocado en agotar todas las instancias procesales posibles, utilizando la tutela como un mecanismo para cuestionar la firmeza de las decisiones de la Corte Suprema. Al alegar vulneraciones al debido proceso, la defensa busca mantener vigente el debate sobre la legitimidad de las pruebas y la valoración judicial, intentando evitar que la condena se consolide como un precedente definitivo sobre el paramilitarismo en Antioquia.
Con este fallo, la Corte Suprema reafirma su rol como tribunal de cierre y limita las maniobras dilatorias, lo que representa un revés judicial significativo para el entorno del expresidente Álvaro Uribe. Mientras la justicia consolida la narrativa sobre la responsabilidad de Santiago Uribe en la conformación de grupos de exterminio, los sectores afines al uribismo enfrentan un desgaste político mayor al ver cómo se cierran las vías legales para revertir una sentencia que vincula directamente a su círculo familiar con crímenes de lesa humanidad.
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