La Corte Suprema de Justicia dio inicio a la etapa preparatoria del juicio contra los excongresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. Los procesados enfrentan cargos por el presunto delito de cohecho impropio, tras ser señalados de intercambiar votos favorables a créditos internacionales por contratos de obras públicas en la UNGRD. La Sala de Primera Instancia rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas, las cuales cuestionaban aspectos procesales y la competencia de los conjueces en el caso. El alto tribunal decretó la práctica de testimonios clave para reconstruir los hechos ocurridos en diciembre de 2023, incluyendo las declaraciones del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. También fueron citados el exministro Mauricio Lizcano, el actual ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y el exdirector de Crédito Público, José Roberto Acosta. Estas intervenciones buscan esclarecer las presuntas presiones ejercidas desde el Ministerio de Hacienda, bajo la gestión de Ricardo Bonilla, para asegurar la aprobación de empréstitos por 3.500 millones de dólares. La investigación judicial se centra en tres contratos específicos en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar, que habrían servido como contraprestación política. Aunque las defensas intentaron excluir pruebas documentales y testimonios de exfuncionarios de la UNGRD, la Corte determinó que estos elementos serán debatidos durante el juicio formal. El tribunal señaló que, si bien la gestión de obras podría no representar un enriquecimiento patrimonial inmediato, sí constituye una expansión del capital relacional y político de los implicados.

Análisis político

El proceso judicial evidencia una estrategia de defensa basada en la deslegitimación de las formas procesales y el cuestionamiento de la validez de las pruebas testimoniales, buscando dilatar o anular el juicio. Por su parte, la Corte Suprema mantiene una postura firme al rechazar las nulidades, consolidando una narrativa donde la gestión de recursos públicos se utilizó como moneda de cambio para garantizar la gobernabilidad y la aprobación de la agenda legislativa del Ejecutivo en 2023. En términos de impacto político, el juicio representa un desgaste significativo para los excongresistas involucrados, quienes ven comprometida su carrera y capital político ante la opinión pública. El Gobierno, aunque no es el juzgado directamente, pierde legitimidad al quedar expuesto el presunto esquema de 'mermelada' para obtener votos, mientras que la Corte Suprema se posiciona como el actor central que define los límites entre la gestión parlamentaria legítima y el intercambio ilícito de favores.

La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio formal a los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. Los procesados, integrantes de la Comisión de Crédito Público, enfrentan cargos por el presunto delito de cohecho impropio. La investigación sostiene que habrían aceptado contratos millonarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a cambio de votar a favor de créditos internacionales impulsados por el Ministerio de Hacienda en 2023. La Sala de Primera Instancia rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas, las cuales cuestionaban la competencia del tribunal y la validez de las pruebas recaudadas. El alto tribunal decretó una serie de testimonios clave para el proceso, incluyendo al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. También fueron citados el exministro Mauricio Lizcano y el actual ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, para esclarecer las presuntas negociaciones ocurridas en diciembre de 2023. La audiencia preparatoria está programada para el próximo 20 de octubre, fecha en la que se definirán las pruebas que serán debatidas en el juicio. El expediente judicial destaca que, aunque los contratos no representaron una utilidad patrimonial inmediata para los implicados, habrían servido para consolidar su capital relacional y político. La Corte deberá determinar en las próximas semanas si los congresistas incurrieron en el intercambio de votos por beneficios estatales.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de defensa basada en la deslegitimación del proceso judicial mediante la solicitud de nulidades, las cuales fueron desestimadas por la Corte Suprema. Se observa una tensión entre la función parlamentaria y la gestión de recursos públicos, donde los investigados intentan desdibujar la línea entre la labor legislativa y el clientelismo, argumentando que la gestión de obras es parte de su capital político y no un acto de corrupción. El gran perdedor es el capital político de los congresistas involucrados, quienes ven su futuro electoral comprometido ante un juicio de alto perfil. Por otro lado, la Corte Suprema se posiciona como un actor central en el control del equilibrio de poderes, ganando legitimidad al avanzar en un caso que involucra directamente la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La narrativa del Gobierno se ve afectada al quedar expuesta la presunta presión ejercida desde el Ministerio de Hacienda para asegurar la aprobación de créditos mediante prebendas.