El representante a la Cámara, Óscar Benavides, enfrenta una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la recolección de más de 300 millones de pesos destinados a los damnificados del terremoto en el Chocó. La acción legal, interpuesta por el abogado Daniel David Martínez, cuestiona el uso de cuentas bancarias personales pertenecientes a José Francisco Ibalde Ibarra, un aliado político del congresista, en lugar de canales institucionales. La denuncia solicita investigar posibles delitos como captación masiva de dinero, estafa y peculado por apropiación. El congresista ha rechazado los señalamientos calificándolos como ataques de opositores políticos y ha asegurado que los recursos son gestionados por una fundación bajo procesos transparentes. Ante la presión pública, Benavides anunció que la Veeduría Ciudadana acompañará el proceso de control y vigilancia de las donaciones. El legislador sostiene que cada peso será registrado y entregado directamente a las comunidades afectadas por la emergencia ocurrida el pasado 10 de agosto. Diversos sectores políticos y figuras públicas, incluido el exfiscal Francisco Barbosa, han advertido sobre los riesgos legales de centralizar ayudas en cuentas privadas sin controles estatales. La controversia se intensifica por la falta de claridad sobre la fundación encargada y la relación de los involucrados con el entorno político del congresista. La Fiscalía General de la Nación podría intervenir para determinar si existen conductas punibles en la administración de estos fondos.

Análisis político

La estrategia del congresista Benavides se basa en la victimización y la polarización, utilizando un lenguaje confrontativo contra figuras de la oposición para desviar la atención sobre la falta de trazabilidad financiera. Al vincular la ayuda humanitaria con su gestión personal, busca capitalizar políticamente la tragedia, aunque esta táctica le ha generado un alto costo reputacional y una investigación judicial que pone en riesgo su curul. En este escenario, el congresista pierde legitimidad al ser cuestionado por la transparencia de sus actos, mientras que los sectores opositores ganan terreno al posicionarse como defensores de la legalidad y la institucionalidad. La narrativa se divide entre quienes presentan el evento como un ejercicio de solidaridad ciudadana y quienes lo denuncian como una maniobra de captación de recursos bajo el manto de la ayuda humanitaria.