La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara, Pedro José Suárez Vacca, a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de prevaricato por acción agravado. El tribunal determinó que el congresista, durante su gestión como juez en Tunja entre 2008 y 2009, otorgó y mantuvo el beneficio de prisión domiciliaria a un condenado por secuestro y narcotráfico. Esta decisión violó la Ley 750 de 2002, que prohíbe expresamente dicho beneficio para personas sentenciadas por delitos de secuestro. La Corte desestimó los argumentos de la defensa, que intentó justificar las actuaciones bajo el pretexto de una alta carga laboral y la delegación de funciones en otros empleados del despacho. Los magistrados concluyeron que el entonces juez actuó con plena conciencia y voluntad de apartarse de la ley, dado que en ocasiones previas había negado el mismo beneficio al procesado por conocer sus antecedentes. El fallo también impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de nueve años y una multa superior a los 170 millones de pesos. El alto tribunal ordenó la captura del congresista una vez la sentencia quede en firme, negándole la posibilidad de prisión domiciliaria o suspensión condicional de la pena. Además de la sanción privativa de la libertad, el condenado deberá publicar un resumen del fallo y ofrecer excusas públicas a la Rama Judicial y a la sociedad. La defensa aún cuenta con la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.

Análisis político

La estrategia de defensa del congresista se centró en la despersonalización de la responsabilidad, intentando trasladar la culpa a la carga administrativa y a la estructura del despacho judicial para evitar la configuración del dolo. Por su parte, la Corte Suprema utiliza este fallo para reafirmar su autoridad sobre los aforados constitucionales, enviando un mensaje de control sobre la conducta de los funcionarios públicos, incluso cuando sus delitos fueron cometidos antes de alcanzar el cargo legislativo. El gran perdedor es el Pacto Histórico, que ve cómo uno de sus miembros es inhabilitado y condenado, afectando la imagen de integridad que el partido busca proyectar. La narrativa del tribunal se construye sobre la ética judicial y el cumplimiento estricto de la norma, mientras que la defensa intenta construir una narrativa de error administrativo, la cual fue rechazada por el alto tribunal al considerar que existió una voluntad deliberada de favorecer al condenado.