La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad provisional de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. La decisión se fundamentó en el vencimiento de términos, al cumplirse un año desde la resolución de acusación sin que se hubiera instalado el juicio en su contra. Ambos excongresistas permanecían recluidos en el complejo carcelario La Picota por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El alto tribunal precisó que la medida no implica la absolución ni el cierre del proceso penal, por lo que los procesados continuarán vinculados a la investigación. Para hacer efectiva la salida, los exlegisladores deben cumplir con el pago de una caución prendaria de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y suscribir un acta de compromiso. Además, el INPEC deberá verificar que no existan otros requerimientos judiciales pendientes contra ellos antes de materializar la excarcelación. La acusación contra Name y Calle sostiene que habrían recibido 4.000 millones de pesos en efectivo para favorecer el trámite de reformas gubernamentales en el Congreso. Según el expediente, los fondos habrían sido entregados a través de maniobras financieras vinculadas a contratos de la entidad. Los excongresistas enfrentan cargos por cohecho impropio e intervinientes en peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

Análisis político

La estrategia de las defensas se centró en la explotación de los tiempos procesales, logrando que el sistema judicial reconociera la inactividad en el inicio del juicio tras un año de acusación. Este resultado permite a los procesados enfrentar el proceso en libertad, lo cual reduce la presión mediática y política que supone la reclusión, permitiéndoles gestionar su defensa desde una posición de mayor movilidad. La Corte, por su parte, mantiene la institucionalidad al aplicar estrictamente la Ley 600 de 2000, evitando que el caso se convierta en una detención indefinida sin juzgamiento. El evento genera una narrativa de desgaste para la justicia, donde la percepción de impunidad puede fortalecerse ante la opinión pública, a pesar de que el proceso penal sigue vigente. Los excongresistas ganan un alivio personal y logístico, mientras que el Gobierno y las instituciones involucradas en el escándalo de la UNGRD enfrentan el riesgo de que el caso pierda relevancia política al salir de la agenda de la reclusión. La construcción de la narrativa se divide entre quienes ven en esto una falla del sistema judicial y quienes lo interpretan como una garantía procesal necesaria en un Estado de Derecho.