La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó formalmente al Congreso de la República archivar un proyecto de acto legislativo que busca permitir que el Tribunal Superior Militar y Policial revise las sentencias emitidas contra integrantes de la Fuerza Pública. Durante una audiencia en la Comisión Primera del Senado, el magistrado Camilo Suárez argumentó que la iniciativa es inconstitucional, ya que un tribunal de menor jerarquía no puede modificar las decisiones de una alta corte. La JEP advirtió que este cambio generaría inseguridad jurídica y afectaría los derechos de las víctimas y los compromisos internacionales del Estado colombiano. Los congresistas del Centro Democrático, autores de la propuesta, defienden la medida bajo el argumento de proteger el debido proceso y la seguridad jurídica de los militares comparecientes. Según los promotores, el tribunal de paz carece de conocimientos específicos sobre las normas que regulan las operaciones militares, por lo que se requiere una instancia que valore el derecho operacional. Esta postura sostiene que la reforma busca garantizar un trato justo para los uniformados que se sometieron a la justicia transicional. La bancada del Pacto Histórico respaldó la postura de la JEP, señalando que la aprobación del proyecto podría constituir una sustitución de la Constitución. La magistrada Catalina Díaz Gómez advirtió que permitir esta revisión sería un retroceso en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Actualmente, el proyecto cuenta con una ponencia positiva radicada y se prepara para iniciar su primer debate en el legislativo.

Análisis político

La estrategia política del Centro Democrático se centra en capitalizar el descontento de sectores de la Fuerza Pública frente a la justicia transicional, utilizando la narrativa de la 'especialidad castrense' para cuestionar la legitimidad técnica de la JEP. Al proponer una revisión por parte de tribunales militares, el partido opositor busca erosionar la autoridad de la jurisdicción creada en el Acuerdo de Paz, presentándola como un ente que ignora las particularidades del conflicto armado y que, supuestamente, desprotege a los militares. En este escenario, la JEP y el Pacto Histórico se posicionan como los defensores de la arquitectura institucional y los derechos de las víctimas, advirtiendo sobre el riesgo de impunidad y la posible ruptura del orden constitucional. El gran perdedor en términos de estabilidad jurídica es el sistema de justicia transicional, cuya eficacia y carácter de cierre se ven amenazados por la interferencia política. Por otro lado, el Centro Democrático gana terreno en su agenda de oposición al consolidar un discurso que apela a la protección de los militares, aunque esto implique tensionar las relaciones con el sistema internacional de derechos humanos.