Corte de Apelaciones investiga error administrativo tras filtración de instrucciones para IA en falloActualizado · hoy
Resumen
La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago enfrenta una controversia tras la inclusión accidental de instrucciones para una inteligencia artificial en un documento judicial. El error, atribuido al relator suplente Felipe Larraín, dejó expuesto el prompt utilizado para redactar una sentencia, el cual contenía directrices detalladas sobre cómo el sistema debía asumir el rol de juez para resolver recursos. La ministra Jenny Book ordenó la rectificación inmediata del expediente y solicitó un informe detallado al funcionario involucrado para esclarecer los hechos en un plazo de 24 horas.
El incidente involucró la mezcla de documentos, ya que las instrucciones para la IA aparecieron junto a una resolución de una causa civil, mientras que el texto del prompt hacía referencia a un recurso de amparo ajeno al litigio. Esta confusión generó dudas sobre los protocolos de revisión interna, dado que el documento fue suscrito por tres magistrados sin que se detectara la anomalía previamente. Las autoridades judiciales han enfatizado que el error no afectó la administración de justicia ni la decisión final adoptada en la causa.
Este suceso ha reabierto el debate sobre la ausencia de una normativa formal dentro del Poder Judicial para el uso de herramientas generativas. Si bien existen recomendaciones éticas del Colegio de Abogados y advertencias de la Academia Judicial sobre la necesidad de mantener el razonamiento humano, no hay un reglamento que regule su implementación. El pleno de la Corte de Santiago evalúa ahora la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y mejorar los controles de calidad en la redacción de fallos.
Análisis Político
El evento expone una tensión estratégica entre la modernización tecnológica del Poder Judicial y la falta de marcos regulatorios claros. La rápida respuesta de la Corte, al calificar el hecho como un error administrativo y no jurisdiccional, busca contener el daño reputacional y evitar que la confianza pública en la imparcialidad de los fallos se vea erosionada por la percepción de una automatización sin supervisión humana.
En este escenario, el Poder Judicial pierde credibilidad en sus procesos de control interno, mientras que los defensores de una regulación estricta ganan terreno para exigir protocolos de transparencia obligatorios. La narrativa oficial intenta aislar el incidente como un fallo humano individual, mientras que la opinión pública y los sectores críticos construyen una historia sobre la vulnerabilidad de la justicia ante la tecnología no supervisada.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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