Un aluvión afectó el sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes, provocando daños en viviendas, vehículos y calles, además de dejar seis personas lesionadas. Las autoridades desplegaron maquinaria pesada para el despeje de escombros y barro, mientras se mantiene la restricción de tránsito en diversas vías del sector. El Gobierno declaró la zona como afectada por catástrofe para agilizar la respuesta y la recuperación de servicios básicos. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, solicitó al Ejecutivo la implementación urgente de piscinas decantadoras y radares de detección, argumentando que la responsabilidad de las quebradas excede las competencias municipales. Por su parte, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, sostuvo que el evento fue impredecible y comparó su magnitud con la de un terremoto. El secretario de Estado defendió la coordinación gubernamental y señaló que ninguna medida preventiva habría evitado el impacto del fenómeno. La Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación penal para esclarecer el origen de la emergencia y determinar posibles responsabilidades. El proceso, liderado por el fiscal Francisco Lanas, analizará el estado de las quebradas y las medidas de mitigación pendientes. Paralelamente, organizaciones como Greenpeace cuestionaron la falta de ejecución de obras comprometidas tras incendios forestales previos en la zona.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la transferencia de responsabilidades entre el nivel central y el municipal. Mientras el Gobierno busca minimizar el costo político calificando el evento como una catástrofe natural impredecible, la alcaldía intenta desmarcarse de la gestión de las quebradas, señalando la falta de inversión estatal en infraestructura preventiva. Esta tensión revela una pugna por el control de la narrativa sobre la eficacia de la gestión pública ante el cambio climático. En este escenario, el Gobierno y el municipio se encuentran en una posición vulnerable ante la opinión pública, especialmente tras revelarse informes previos que advertían sobre el riesgo de remoción en masa. La Fiscalía emerge como el actor que capitaliza la demanda de justicia, mientras que los vecinos afectados se posicionan como los principales perdedores, enfrentando daños materiales y la incertidumbre sobre la seguridad de su entorno. La construcción de narrativas divergentes —una que enfatiza la fatalidad climática y otra que subraya la negligencia administrativa— definirá el costo político de esta crisis.