La Corte Constitucional declaró exequible la mayor parte de la reforma pensional impulsada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, manteniendo vigente su estructura central. El alto tribunal identificó vicios de procedimiento en el trámite legislativo original, específicamente por la falta de debate sobre ciertas proposiciones y artículos. Como consecuencia, ordenó a la Cámara de Representantes corregir nueve artículos y tramitar uno nuevo en un plazo máximo de 30 días hábiles. El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, confirmó que la corporación acatará la orden judicial para realizar el proceso de subsanación con rigor institucional. Una vez finalizado este trámite, el Congreso deberá remitir las actas y documentos pertinentes al tribunal para que este evalúe nuevamente la constitucionalidad de los puntos ajustados. La reforma, que establece un sistema de pilares, tiene prevista su entrada en vigor para el 1 de abril de 2027. Las reacciones políticas reflejan una división marcada sobre el impacto de la decisión judicial. Mientras sectores afines al gobierno celebran la aprobación como un triunfo para la clase trabajadora y la protección a la vejez, la oposición cuestiona la legitimidad del proceso y los efectos económicos de la ley. Por su parte, el gremio de los fondos privados de pensiones destacó que la arquitectura básica del sistema se mantiene en pie tras el fallo.

Análisis político

La decisión de la Corte Constitucional permite al oficialismo consolidar una de sus reformas sociales más importantes, neutralizando la narrativa de un bloqueo institucional total contra el gobierno anterior. Al avalar el grueso del articulado, el tribunal otorga estabilidad jurídica al sistema pensional, aunque la obligación de subsanar vicios de forma obliga al Congreso a reabrir un debate que será escenario de nuevas confrontaciones políticas entre el oficialismo y la oposición. El gran ganador es el proyecto político del gobierno, que logra mantener su estructura pensional, mientras que la oposición, liderada por figuras como el Centro Democrático, busca capitalizar el trámite de subsanación para intentar modificar aspectos que consideran perjudiciales. La narrativa del gobierno se centra en el beneficio social y la justicia para los adultos mayores, mientras que sus críticos insisten en los vicios de trámite y los riesgos financieros, convirtiendo el Congreso en el campo de batalla final para definir los detalles técnicos de la implementación.