Contraloría investiga giros por 64 billones realizados al cierre del gobierno Petro
Resumen
La Contraloría General de la República inició una investigación sobre movimientos presupuestales realizados durante las últimas cinco semanas de la administración de Gustavo Petro, entre el 22 de junio y el 28 de julio de 2026. El ente de control detectó giros superiores a los 64,44 billones de pesos y nuevos compromisos por 48,14 billones, cifras que duplican el promedio histórico para periodos similares. Ante estas inconsistencias, se ordenaron visitas de policía judicial al Ministerio de Hacienda, la Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los auditores identificaron patrones inusuales como pagos duplicados a una misma persona en una misma fecha, anticipos del 100% en contratos y desembolsos realizados el mismo día de la firma contractual. La entidad busca establecer si los bienes y servicios fueron efectivamente entregados y si los pagos cuentan con el soporte documental necesario. El contralor saliente, Carlos Hernán Rodríguez, enfatizó que estos hallazgos se encuentran bajo el principio de presunción y deben ser verificados por la nueva administración.
La revisión también abarca 7 billones de pesos girados a la UNGRD y 4,33 billones destinados a la Fiduprevisora, además de alertas sobre el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. La Contraloría aclaró que el objetivo de estas actuaciones es garantizar la trazabilidad de los recursos públicos antes de determinar posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales. El proceso continuará con auditorías sectoriales en diversas entidades del Estado para verificar la legalidad de las operaciones financieras.
Análisis Político
El evento evidencia una estrategia de control fiscal orientada a la fiscalización del gasto público en periodos de transición, utilizando la figura de la 'función de advertencia' para blindar la gestión de los recursos ante posibles irregularidades. La Contraloría busca posicionarse como un actor técnico que garantiza la transparencia, mientras que la magnitud de las cifras movilizadas al final del mandato anterior genera una narrativa de sospecha sobre la eficiencia y legalidad de la ejecución presupuestal saliente.
En este escenario, la administración entrante gana legitimidad al recibir un informe que le permite auditar y cuestionar las decisiones financieras de su predecesor, mientras que el gobierno saliente pierde capital político al quedar bajo el escrutinio de hallazgos que sugieren falta de soportes y posibles fraccionamientos de pagos. La construcción de la narrativa se divide entre la necesidad de control institucional y la defensa de la gestión administrativa, dejando a la opinión pública ante la duda sobre la correcta destinación de los recursos en el cierre de gobierno.
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