La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la administración de cinco liceos gestionados por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) bajo convenios con el Ministerio de Educación. El Informe Final de Auditoría N° 807 de 2025 reveló un descontrol en el uso de recursos públicos entre 2023 y 2024, lo que derivó en un reparo de 327.700.415 pesos. Las anomalías incluyen pagos de bonos sin respaldo, gastos ajenos a la función escolar y la contratación de familiares y sociedades vinculadas a funcionarios universitarios. El organismo fiscalizador cuestionó la falta de mecanismos para prevenir conflictos de interés y detectó que el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez impartía una especialidad técnica sin autorización desde 2016. Además, se identificaron bienes desaparecidos y el pago de sueldos a trabajadores que no acreditaron el cumplimiento de sus jornadas laborales en los establecimientos. La auditoría también señaló una disminución no autorizada en la matrícula y oferta académica de los recintos bajo tutela universitaria. Como consecuencia, la Contraloría ordenó a la casa de estudios iniciar procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades administrativas. La institución deberá implementar medidas correctivas urgentes y regularizar las situaciones detectadas ante la autoridad competente. El ente contralor mantendrá la supervisión sobre el cumplimiento de estas acciones para asegurar la transparencia en el manejo de los fondos estatales.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de fiscalización rigurosa por parte de la Contraloría, que busca imponer estándares de probidad en la gestión de recursos públicos delegados a instituciones autónomas. La exposición de conflictos de interés y contrataciones familiares dentro de una universidad estatal debilita la imagen de la institución frente a la opinión pública, mientras refuerza el rol del organismo contralor como garante de la legalidad en la administración de convenios educativos. En este escenario, la Usach pierde legitimidad administrativa y enfrenta un costo reputacional significativo al ser cuestionada por el uso de fondos destinados a la educación pública. Por otro lado, el Ministerio de Educación y el Estado ganan al demostrar capacidad de control sobre los convenios suscritos, aunque el evento expone fallas en la supervisión previa de los programas. La narrativa se construye desde la transparencia y el cumplimiento normativo, contrastando la gestión técnica de la universidad con las exigencias de probidad estatal.