Contraloría alerta por cartera morosa del Estado que asciende a 165 billones de pesos
Resumen
La Contraloría General de la República reveló que la cartera morosa del Estado colombiano alcanzó los 165,64 billones de pesos, afectando a cerca de un millón de deudores. El análisis, realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), advirtió que el 82% de esta deuda se concentra en solo 20 entidades, entre las que destacan el Consejo Superior de la Judicatura y la DIAN. Esta situación refleja un crecimiento sostenido de la cartera pública en mora durante los últimos 22 años.
El ente de control detectó graves fallas en el reporte de información, señalando que más del 60% de las 6.398 entidades estatales analizadas no han realizado reportes al Boletín de Deudores Morosos desde 2019. Además, se identificó que miles de deudores morosos recibieron pagos públicos o celebraron contratos con el Estado mientras mantenían obligaciones pendientes. Específicamente, 20.238 deudores suscribieron contratos por 16,3 billones de pesos a pesar de adeudar 11,8 billones al erario.
La Contraloría calificó este escenario como un posible detrimento patrimonial y propuso siete frentes de trabajo para mejorar la gestión de cobro y la depuración de la cartera. El director de la DIARI, Andrés Felipe Cifuentes, enfatizó que la falta de recuperación de estos recursos impacta negativamente la capacidad del Estado para financiar sectores como la salud y la atención de emergencias. Las entidades competentes deberán ahora determinar si la ausencia de reportes y la contratación con morosos constituyen faltas administrativas o fiscales.
Análisis Político
La estrategia de la Contraloría se centra en el uso de herramientas de análisis de datos masivos para visibilizar la ineficiencia administrativa y la falta de control en la contratación pública. Al exponer que el Estado contrata con sus propios deudores, el organismo de control construye una narrativa de negligencia institucional que presiona a las entidades a depurar sus registros y endurecer sus procesos de cobro coactivo. Este movimiento busca posicionar al ente fiscalizador como un actor clave en la protección del patrimonio público frente a la desidia de las entidades ejecutoras.
En este evento, el principal perdedor es la confianza en la gestión administrativa de las entidades públicas, especialmente aquellas con mayores saldos pendientes como la Judicatura y la DIAN, que quedan expuestas ante la opinión pública por su incapacidad de recaudo. Por otro lado, la Contraloría gana legitimidad política al actuar como un ente técnico que identifica fallas estructurales, trasladando la responsabilidad de la recuperación de los 165 billones de pesos a las administraciones de turno, lo cual condiciona la agenda de control fiscal para los próximos meses.
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