Contralora ratifica dictamen contra exministra Steinert tras desistimiento de recurso
Resumen
La contralora general de la República, Dorothy Pérez, expuso ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados los fundamentos del dictamen que concluyó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones. El organismo determinó que la exautoridad vulneró su deber de abstención al solicitar información reservada a la PDI sobre una unidad con la que trabajó durante su gestión como fiscal regional de Tarapacá. Pérez defendió la rigurosidad del proceso administrativo y confirmó que el dictamen se mantiene vigente tras el desistimiento formal de la solicitud de reconsideración presentada por la defensa de Steinert.
La exministra Steinert se ausentó por segunda vez consecutiva de la instancia parlamentaria, justificando su inasistencia mediante motivos personales. Ante esta situación, los integrantes de la comisión acordaron por unanimidad reiterar la invitación para que comparezca y aclare las actuaciones cuestionadas durante sus 69 días en el cargo. La comisión busca reconstruir las decisiones tomadas en el Ministerio de Seguridad y determinar eventuales responsabilidades políticas tras el oficio reservado emitido en marzo de 2026.
La contralora aclaró que, aunque la exministra pudo haber actuado con la intención de prevenir irregularidades en el traslado de funcionarios policiales, dicha motivación no justifica sobrepasar las facultades legales. El debate parlamentario se mantiene activo, con sectores de oposición interesados en profundizar en las irregularidades detectadas, mientras el oficialismo aboga por la objetividad en el trabajo de la comisión. La ausencia de Steinert ha generado críticas, aunque se precisó que el plazo para presentar una acusación constitucional en su contra ya expiró el pasado 18 de agosto.
Análisis Político
La estrategia política observada se centra en el uso de comisiones investigadoras como herramientas de fiscalización y control de gestión, donde la oposición busca capitalizar los errores administrativos de una exautoridad para desgastar la imagen de la administración anterior. Por su parte, la exministra Steinert opta por una estrategia de silencio y retiro administrativo, desistiendo de recursos legales para evitar nuevos pronunciamientos que profundicen el daño reputacional, mientras utiliza excusas personales para eludir el escrutinio público directo en el Congreso.
En este escenario, la Contraloría se posiciona como un actor técnico que refuerza su autonomía al ratificar sus dictámenes, consolidando su rol como árbitro de la legalidad. Gana la institucionalidad al mantener la vigencia de sus resoluciones, mientras que la exministra pierde capital político al no enfrentar las interrogantes de la comisión, lo que alimenta narrativas de falta de transparencia. La construcción de la narrativa opositora se enfoca en la transgresión de facultades, mientras que la defensa de la exministra intenta minimizar el impacto del dictamen al no continuar con la disputa jurídica en sede administrativa.
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