Un aluvión afectó el sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes, provocando daños en más de 2.000 viviendas y dejando 60 de ellas inhabitables. La emergencia puso en evidencia que las mallas dinámicas de contención, proyectadas para mitigar riesgos en las quebradas, no habían sido instaladas a pesar de estar programadas para septiembre. El biministro Louis de Grange afirmó inicialmente que las estructuras habían sido superadas por la magnitud del evento, versión que fue desmentida por la alcaldesa Catalina San Martín al aclarar que los trabajos aún no comenzaban. La alcaldesa San Martín defendió la gestión municipal, señalando que el municipio invirtió más de 500 millones de pesos en limpieza de canales y quebradas durante los últimos seis meses. Explicó que el retraso en las mallas se debió a dificultades para habilitar caminos de acceso y condiciones climáticas adversas. Por su parte, el concejal Luis Hadad respaldó la labor local, calificando el evento como una "tormenta perfecta" derivada de incendios previos y precipitaciones intensas. La falta de una alerta de evacuación mediante el sistema SAE generó cuestionamientos adicionales hacia las autoridades nacionales. La directora de Senapred, Alicia Cebrián, justificó la ausencia del mensaje debido a la rapidez con la que se desarrolló el fenómeno natural. Ante la situación, la alcaldesa solicitó al Gobierno central la construcción urgente de piscinas decantadoras y la inversión en radares para mejorar la detección temprana de riesgos en la precordillera.

Análisis político

La estrategia política observada tras la emergencia se centra en la transferencia de responsabilidades entre el nivel municipal y el central. Mientras la alcaldía busca blindarse ante las críticas ciudadanas destacando su inversión preventiva y señalando las limitaciones legales para intervenir quebradas, el Gobierno intenta justificar la magnitud del desastre mediante explicaciones técnicas sobre la capacidad de las obras. Esta dinámica refleja una pugna por el control de la narrativa, donde cada actor busca evitar el costo político de una gestión percibida como insuficiente ante una catástrofe anunciada por informes previos de Sernageomin. En este escenario, los vecinos de San Carlos de Apoquindo resultan los principales perdedores, al enfrentar daños materiales significativos y una sensación de desprotección ante la falta de alertas tempranas. La alcaldesa San Martín gana terreno al posicionarse como una figura proactiva que exige soluciones estructurales al Ejecutivo, como radares y piscinas decantadoras, trasladando la presión hacia el Ministerio de Obras Públicas. Por el contrario, el Gobierno central pierde credibilidad al emitir versiones contradictorias sobre el estado de las obras de mitigación, lo que debilita su capacidad de respuesta ante la opinión pública.