La Sección Primera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la Resolución 244 de 2023, mediante la cual el Gobierno nacional había nombrado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. El tribunal tomó esta medida cautelar tras evaluar demandas que cuestionaban la legalidad del acto administrativo. Los magistrados determinaron que la resolución carecía de límites claros en cuanto a la duración, el territorio de actuación y las funciones específicas que el designado debía cumplir. El fallo subraya que, si bien el presidente de la República posee facultades discrecionales para dirigir los procesos de paz, estas no son ilimitadas ni pueden ejercerse de manera arbitraria. El tribunal advirtió que la falta de precisión en el nombramiento podría vulnerar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La decisión judicial se fundamentó en la necesidad de garantizar que los actos administrativos se ajusten estrictamente a la ley y a los principios constitucionales. Esta suspensión es de carácter temporal mientras se resuelve de fondo la nulidad del acto. El tribunal rechazó una segunda solicitud de medida cautelar por falta de carga argumentativa sobre la presunta revictimización, pero mantuvo la suspensión basada en las irregularidades técnicas del documento. La medida impacta directamente la política de paz del Ejecutivo, que había justificado el nombramiento como un aporte al diseño de procesos de desarme colectivo.

Análisis político

La estrategia del Gobierno Petro de utilizar figuras de alto perfil paramilitar como gestores de paz se enfrenta a un límite institucional claro: la exigencia de rigor técnico y jurídico en los actos administrativos. El Ejecutivo buscaba capitalizar la experiencia de Mancuso para avanzar en su política de 'Paz Total', pero la vaguedad en la redacción de la resolución permitió que el Poder Judicial interviniera, marcando un precedente sobre los límites de la discrecionalidad presidencial en la gestión de conflictos. Con este evento, el Gobierno pierde capacidad de maniobra política al ver frenada una de sus apuestas simbólicas más controvertidas, mientras que las organizaciones de víctimas y los demandantes ganan un espacio de validación jurídica frente a lo que consideran una revictimización. La narrativa del Gobierno, centrada en la paz como un proceso político flexible, choca con la narrativa judicial que prioriza la seguridad jurídica y la protección de los derechos de las víctimas como pilares innegociables del Estado de derecho.