El Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela presentada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual buscaba frenar el proceso judicial contra el nuevo modelo de pasaportes. Con esta decisión, el alto tribunal revocó un fallo previo que favorecía a la Cancillería y dejó en firme la acción popular que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta señaló que la tutela no es el mecanismo adecuado para terminar un proceso en curso, instando a las partes a ejercer su defensa dentro del litigio principal.

Análisis político

La estrategia del Gobierno nacional se ha centrado en utilizar la vía constitucional de la tutela para intentar bloquear el control judicial sobre sus actuaciones administrativas, buscando evitar una suspensión del convenio. Al ser declarada improcedente, la administración pierde una herramienta clave para frenar el escrutinio sobre la legalidad del contrato, mientras que los demandantes y organismos de control logran mantener vivo el debate jurídico sobre la transparencia del modelo de pasaportes. Se observa una construcción de narrativas divergentes: mientras el Gobierno defiende la viabilidad técnica y operativa del nuevo esquema, los demandantes y la Procuraduría posicionan el caso como una vulneración a la moralidad administrativa y al patrimonio público. Este evento debilita la posición del Ejecutivo en la recta final de su mandato, al dejar el futuro del contrato sujeto a las decisiones de fondo que deberá tomar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela presentada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual buscaba frenar el proceso judicial contra el nuevo modelo de pasaportes. La alta corte determinó que la tutela no es el mecanismo adecuado para terminar un proceso en curso, instando a las partes a ejercer su defensa dentro del trámite principal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta decisión deja en firme la continuidad de la acción popular que cuestiona la legalidad y transparencia del convenio interadministrativo suscrito por la administración actual. Paralelamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una nueva demanda por controversias contractuales interpuesta por la Fundación DILO Colombia y la abogada Ximena Echavarría. Este recurso solicita la nulidad del convenio, argumentando presuntas irregularidades en la planeación, falta de motivación del acto administrativo y dudas sobre la capacidad técnica de la Imprenta Nacional para ejecutar el contrato. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá responder a estos cuestionamientos en las próximas semanas. El escenario judicial se completa con el rechazo de las solicitudes de nulidad presentadas previamente por la Imprenta Nacional de Portugal, Casa da Moeda, que buscaba frenar la demanda de la Procuraduría alegando fallas en su notificación. El Tribunal ratificó que el proceso sigue su curso legal, mientras se mantiene bajo estudio la solicitud de medidas cautelares para suspender el contrato. La administración enfrenta estos litigios a poco más de un mes de finalizar su periodo gubernamental.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se ha centrado en utilizar recursos constitucionales, como la tutela, para intentar frenar el avance de procesos administrativos que cuestionan la validez de sus contratos estratégicos. Al ser declarada improcedente esta vía, el Ejecutivo pierde una herramienta de contención inmediata, quedando expuesto a un escrutinio judicial prolongado que pone en riesgo la viabilidad operativa del modelo de pasaportes antes del cambio de mando. En este conflicto, la Procuraduría y las organizaciones civiles ganan terreno al mantener activos los procesos de control, construyendo una narrativa de irregularidad y falta de planeación que debilita la legitimidad del proyecto. Por el contrario, el Gobierno y la Imprenta Nacional pierden capacidad de maniobra, viéndose obligados a defenderse en múltiples frentes judiciales mientras la incertidumbre sobre la continuidad del servicio de pasaportes se intensifica.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de nulidad presentada por la Imprenta Nacional de Portugal, Casa da Moeda, dentro del proceso judicial que cuestiona el contrato de pasaportes del Gobierno nacional. La empresa extranjera argumentaba que no había sido notificada debidamente mediante el trámite de carta rogatoria, lo cual, a su juicio, vulneraba su derecho al debido proceso. El magistrado José Elver Muñoz Barrera desestimó este recurso al determinar que la notificación se surtió por conducta concluyente tras la constitución de un apoderado judicial. La demanda, interpuesta por la Procuraduría General de la Nación en octubre de 2025, señala presuntas irregularidades en el convenio suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la entidad portuguesa. El Ministerio Público cuestiona la falta de un proceso competitivo de selección, la ausencia de estudios económicos sólidos y la capacidad técnica de la Imprenta Nacional para ejecutar el contrato de 1.3 billones de pesos. La Procuraduría busca la nulidad absoluta del acuerdo y la devolución de los recursos entregados al contratista extranjero. Esta decisión judicial permite que el proceso principal continúe su curso, manteniendo abierta la posibilidad de que el Tribunal decida sobre la legalidad del contrato y la solicitud de medidas cautelares para suspender los giros de dinero. Mientras el Gobierno defiende el convenio como un modelo de cooperación tecnológica entre Estados, la justicia administrativa se prepara para evaluar si el acuerdo cumplió con los principios de transparencia y selección objetiva exigidos por la ley colombiana.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en enmarcar el contrato como un ejercicio de soberanía y cooperación tecnológica entre Estados, buscando desviar la atención de las críticas sobre la falta de licitación pública. Por su parte, la Procuraduría utiliza el litigio para posicionarse como un garante de la transparencia y la legalidad en la contratación estatal, capitalizando el descontento sobre la gestión de servicios esenciales. La negativa del Tribunal a anular el proceso fortalece la posición del Ministerio Público, al validar que existen méritos suficientes para un escrutinio judicial profundo sobre la validez del convenio. En este escenario, el Gobierno pierde margen de maniobra al ver cómo el proceso judicial avanza hacia una etapa de fondo, lo que aumenta la incertidumbre sobre la continuidad del modelo de pasaportes. La narrativa oficial, que intenta presentar el contrato como una solución técnica eficiente, choca con la narrativa de control de la Procuraduría, que enfatiza la posible vulneración de principios de libre concurrencia. El resultado final del litigio será determinante para la legitimidad de la política de contratación del Ejecutivo y su capacidad para gestionar proyectos de alto impacto sin recurrir a los mecanismos tradicionales de selección.