Las Comisiones Económicas del Congreso de la República aprobaron la devolución del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, radicado inicialmente por la administración de Gustavo Petro. La decisión responde a una solicitud formal del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella, que argumentó la existencia de inconsistencias técnicas, desfinanciación y falta de coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, calificó la propuesta original como una "chambonada" y advirtió que el texto ponía en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. El nuevo Ejecutivo dispone ahora de plazo hasta el 30 de agosto para presentar una versión ajustada del presupuesto ante el Legislativo. El ministro Gómez Martínez se comprometió a radicar el documento el 26 de agosto, con el objetivo de otorgar a los congresistas un margen de tiempo mayor para su estudio y debate. Esta medida, que no ocurría desde 2013, busca corregir rubros que, según el actual Ministerio de Hacienda, carecen de sustento técnico y presentan un descuadre de 19,1 billones de pesos. La bancada del Pacto Histórico, ahora en oposición, defendió la propuesta presentada por el gobierno saliente y rechazó las críticas sobre la gestión económica. A pesar de esta postura, la mayoría de los partidos políticos en las comisiones respaldaron la devolución, argumentando la necesidad de garantizar la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. La aprobación del presupuesto definitivo deberá cumplirse bajo los tiempos legales establecidos, con el fin de evitar recortes drásticos en la inversión pública y asegurar el funcionamiento del Estado para la vigencia 2027.

Análisis político

La estrategia del nuevo Gobierno se centra en deslegitimar la herencia fiscal de la administración anterior, utilizando el trámite presupuestal como un mecanismo para marcar una ruptura política y técnica. Al calificar el proyecto como una "chambonada", el Ejecutivo busca construir una narrativa de "rescate económico" que justifica la necesidad de realizar ajustes profundos y recortes en el gasto, trasladando la responsabilidad de la crisis financiera al equipo saliente. En este escenario, el Gobierno de De La Espriella gana margen de maniobra para imponer su propia visión económica, mientras que el Pacto Histórico pierde la oportunidad de mantener su hoja de ruta fiscal, quedando relegado a una posición de defensa técnica. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo enfatiza la "responsabilidad y el rigor técnico" para salvar la estabilidad del país, la oposición intenta posicionar la idea de que los ajustes propuestos son un retroceso en la inversión social y una exageración de la crisis heredada.