Un proyecto de ley en trámite en el Congreso, específicamente el artículo 37 del Proyecto de Ley 227 de 2025, ha generado controversia al proponer la creación de un seguro obligatorio adicional al SOAT. Esta nueva póliza estaría vinculada a la licencia de conducción y no al vehículo, afectando a aproximadamente 13 millones de colombianos con licencias vigentes. La iniciativa busca cubrir daños materiales causados a terceros en accidentes de tránsito, estableciendo coberturas mínimas diferenciadas según la categoría de la licencia. La alerta sobre este "mico legislativo" fue impulsada por el representante electo Daniel Briceño, quien argumenta que la medida representa una carga económica adicional para los conductores. Según Briceño, el costo anual estimado para motociclistas sería de alrededor de 367.000 pesos y para conductores de automóviles de 786.000 pesos, sumándose al SOAT y otros gastos. La propuesta, atribuida al senador Julio Elías Vidal, establece que la prima anual no superaría el 0,5% del valor asegurado mínimo, lo que Briceño considera podría resultar en una "póliza de papel". El proyecto contempla excepciones, como la no exigibilidad si ya existe una póliza con cobertura igual o superior, y la obligación de registrar la información en el RUNT para verificación. A diferencia del SOAT, enfocado en atención médica, este nuevo seguro se centraría en la reparación de daños materiales a terceros. La iniciativa, que aún debe surtir su trámite legislativo, busca incluir contenidos educativos sobre responsabilidad civil en programas de formación vial.

Análisis político

Se observa una estrategia de denuncia y movilización política por parte de un congresista electo, Daniel Briceño, quien utiliza las redes sociales y la difusión de información detallada del proyecto para generar debate público y presión legislativa. La narrativa construida por Briceño se centra en la idea de un "mico" o una imposición sorpresiva que agravaría la situación económica de los ciudadanos, calificándola de "infame". Por otro lado, la propuesta, impulsada por el senador Julio Elías Vidal, se presenta formalmente como una medida para garantizar respaldo patrimonial frente a daños materiales a terceros, buscando mejorar la seguridad vial. Con esta controversia, el representante Briceño y su partido ganan visibilidad y se posicionan como defensores de los intereses económicos de los ciudadanos frente a lo que perciben como nuevas cargas impositivas. El senador Elías Vidal y quienes apoyan la iniciativa, por su parte, podrían verse afectados en su imagen pública si la percepción de "mico" o carga innecesaria se consolida. La discusión pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de marcos regulatorios para la seguridad vial y la preocupación por el impacto económico en la población, especialmente en un contexto preelectoral.