El Congreso de Colombia aprobó una ley que prohíbe la mutilación genital femenina, convirtiéndose en el primer país de América Latina en establecer una legislación específica contra esta práctica. La iniciativa, liderada por representantes a la Cámara y construida en conjunto con la Fundación Plan y mujeres indígenas, crea una política pública nacional para la prevención, atención y erradicación de esta forma de violencia de género. La ley reconoce la mutilación genital femenina como una grave vulneración de los derechos humanos y establece protocolos obligatorios en el sistema de salud, así como el fortalecimiento de sistemas de información. La aprobación de la ley se dio tras años de discusión y aplazamientos en el Congreso, y estuvo a punto de ser archivada en varias ocasiones. Representantes como Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez y Carolina Giraldo, junto a senadoras como Norma Hurtado, Angélica Lozano y Clara López, fueron clave en su impulso. Mujeres indígenas, como Juliana Domicó, también jugaron un papel fundamental al compartir sus saberes y experiencias para asegurar que la ley respondiera a las realidades territoriales. La norma busca prevenir la práctica mediante pedagogía, protocolos institucionales y acompañamiento estatal, especialmente en comunidades como la Emberá Catío y Emberá Chamí, donde se ha registrado con mayor frecuencia. La ley incorpora elementos de interculturalidad y derechos de las mujeres, y contempla la creación de protocolos de atención y sistemas de registro para identificar y medir la reducción de la práctica. Tras su aprobación en el Senado, la ley solo espera la sanción presidencial para entrar en vigencia.

Análisis político

La aprobación de la ley contra la mutilación genital femenina evidencia una estrategia política de construcción de consensos y alianzas entre diferentes bancadas y sectores sociales. Se observa la articulación entre congresistas de diversas filiaciones políticas (Pacto Histórico, Alianza Verde, Partido de la U) y la sociedad civil organizada (Fundación Plan, organizaciones indígenas), quienes unieron esfuerzos para superar obstáculos legislativos y lograr la aprobación de una iniciativa considerada urgente. La narrativa construida por los promotores se centra en la protección de los derechos humanos, la erradicación de la violencia de género y el avance social de Colombia, posicionando al país como pionero en la región. Quienes ganan con este evento son principalmente las organizaciones defensoras de derechos humanos y las comunidades indígenas afectadas, quienes ven materializada una demanda histórica. Las congresistas impulsoras de la ley también fortalecen su imagen política al liderar una causa de alto impacto social. Por otro lado, el gobierno se anota un logro en su agenda de derechos humanos. Los perdedores, en términos de influencia política directa, son aquellos sectores o individuos que, implícitamente, podrían haberse opuesto a la ley o que no priorizaron su aprobación, quedando expuestos a críticas por inacción. La estrategia de visibilizar el riesgo de archivo y la urgencia de la aprobación movilizó el apoyo necesario para superar los debates finales.

El Senado de la República aprobó en su último debate el proyecto de ley "Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina", marcando un hito en la protección de los derechos de mujeres y niñas en Colombia. Esta legislación prohíbe de manera específica la práctica de la mutilación genital femenina, también conocida como ablación, que consiste en la alteración o extirpación de los genitales externos femeninos por razones no médicas. La aprobación representa un avance significativo, ya que Colombia se convierte en el primer país de América Latina en contar con una ley de este tipo, buscando erradicar una práctica considerada una violación de los derechos humanos. La iniciativa, impulsada por congresistas y lideresas de comunidades indígenas, especialmente de la etnia Emberá, buscó visibilizar y sancionar una práctica que, a pesar de su poca visibilidad, ha afectado a cientos de niñas y mujeres en el país. Durante el trámite legislativo, se destacó la importancia de la participación de las comunidades afectadas y el respaldo de organizaciones sociales y profesionales de la salud. La ley busca establecer mecanismos institucionales para la prevención, atención, sensibilización y erradicación de la mutilación genital femenina, abordando sus graves secuelas físicas y psicológicas. La aprobación se dio en un contexto de urgencia legislativa, a pocos días de finalizar el periodo del Congreso y ante el riesgo de que el proyecto se archivara por falta de tiempo en la agenda. La congresista Carolina Giraldo y la lideresa Emberá Juliana Domicó hicieron llamados contundentes para asegurar el debate y la votación. El proyecto ahora espera la sanción presidencial para convertirse en ley, consolidando un esfuerzo por proteger integralmente a niñas y mujeres y avanzar hacia la erradicación definitiva de esta práctica nociva.

Análisis político

La aprobación del proyecto de ley para prohibir la mutilación genital femenina evidencia una estrategia política de construcción de consensos en torno a un tema de derechos humanos, impulsada por congresistas y organizaciones sociales. Se observa la articulación entre el poder legislativo y la sociedad civil, representada por lideresas indígenas y fundaciones, para visibilizar y legislar sobre una problemática que afectaba a poblaciones vulnerables. La narrativa construida se centra en la protección de la infancia y la erradicación de violencias de género, apelando a la urgencia y al carácter histórico de la medida. Quienes ganan con este evento son las comunidades afectadas, las organizaciones defensoras de derechos humanos y los congresistas que impulsaron la iniciativa, fortaleciendo su imagen como promotores de justicia social. La estrategia política se basó en la persistencia y la visibilización de la problemática, a pesar de los obstáculos en la agenda legislativa, como la influencia de la campaña presidencial y la discusión de otros proyectos. La construcción de narrativas distintas se manifestó en la urgencia expresada por las lideresas y congresistas para evitar el archivo del proyecto, contrastando con la posible falta de prioridad en la agenda del Senado. La aprobación representa una victoria para quienes abogan por la protección de los derechos de las mujeres y niñas, mientras que aquellos actores que pudieron haber postergado o minimizado la discusión, pierden capital político al no haber logrado detener la iniciativa.