El Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó la ponencia del Presupuesto General de la Nación para 2027, fijado en 634,9 billones de pesos, tras una intensa negociación con el Congreso. El Ministerio de Hacienda decidió no avalar ninguna de las 615 proposiciones presentadas por los legisladores, las cuales sumaban 111,6 billones de pesos, argumentando falta de fuentes de financiación y problemas de unidad de materia. La decisión generó tensiones, ya que los congresistas buscaban incluir recursos para la reconstrucción tras el terremoto de agosto, fortalecer organismos de control y atender necesidades regionales. La nueva distribución de recursos incorpora ajustes específicos dentro del monto global, destacando una adición de 2 billones de pesos para el sector salud, 100.000 millones para la Rama Judicial y 99.100 millones para el Ministerio del Deporte. En contraste, el documento contempla recortes significativos, entre los que resalta una reducción de 170.000 millones de pesos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (JEP). Otras entidades como Planeación Nacional, la Aeronáutica Civil y la Policía Nacional también enfrentan disminuciones en sus partidas presupuestales. El trámite legislativo enfrenta un cronograma ajustado, con la obligación de superar el primer debate en las comisiones económicas conjuntas antes del 25 de septiembre. Mientras algunos congresistas insisten en la necesidad de mayor claridad sobre la ley de ajuste fiscal y los fondos para la emergencia sísmica, el Ejecutivo mantiene su postura de austeridad. La aprobación definitiva del proyecto debe concretarse antes del 20 de octubre para evitar que el presupuesto sea expedido mediante decreto presidencial.

Análisis político

Se observa una estrategia de control fiscal estricto por parte del Ejecutivo, que busca blindar el monto global del presupuesto frente a las presiones de gasto del Legislativo. Al rechazar la totalidad de las proposiciones, el Gobierno impone su agenda técnica sobre la política, forzando a los congresistas a negociar partidas específicas en lugar de permitir una expansión masiva del gasto que comprometería la estabilidad macroeconómica. El Gobierno gana al mantener la disciplina presupuestal, pero pierde capital político al tensar la relación con las bancadas, incluso con sectores aliados que exigen mayor transparencia. La narrativa del Ejecutivo se construye sobre la austeridad y la responsabilidad fiscal, mientras que la oposición y sectores del Congreso construyen una narrativa de desatención a las necesidades regionales y a la crisis derivada del terremoto, posicionándose como defensores de la inversión social y el fortalecimiento de los organismos de control.