Congreso acelera trámite de la ley de sometimiento antes del 4 de noviembre
Resumen
El Congreso de la República inició la recta final para la aprobación del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, el cual busca reformar la Ley de Orden Público de 1997. La iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional, pretende establecer mecanismos claros para el desmantelamiento de estructuras criminales y el sometimiento de sus integrantes. El plazo límite para su aprobación es el 4 de noviembre, fecha en la que vence la actual vigencia de la norma de orden público.
El senador Hernán Cadavid, coordinador ponente, instó a los legisladores a sesionar incluso durante el próximo lunes festivo para cumplir con el cronograma legislativo. El proyecto ya superó su primer debate en las comisiones primeras conjuntas y ahora enfrenta las plenarias de Senado y Cámara. El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha liderado el diálogo con diversos sectores, incluyendo la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, para ajustar detalles sobre sanciones y reparación a víctimas.
Las modificaciones recientes al texto incluyen la exclusión de beneficios para quienes hayan reclutado menores de 14 años y el aumento en el tiempo de pena cumplida para terceros vinculados a delitos de lavado de activos. La Defensoría del Pueblo ha solicitado ajustes adicionales en la proporcionalidad de las penas y la garantía de recursos para las víctimas. El Gobierno espera que la ley sea sancionada a mediados de la próxima semana para reemplazar la política de paz total.
Análisis Político
La estrategia política detrás de este proyecto se centra en la urgencia legislativa y la construcción de un consenso amplio que trascienda las divisiones partidistas. Al presentar la ley como un instrumento técnico de sometimiento a la justicia ordinaria, el Gobierno y los ponentes buscan desmarcarse de la narrativa de la 'paz total' del mandato anterior, enfatizando el fortalecimiento del Estado de derecho y la judicialización obligatoria. La presión por sesionar en días festivos funciona como un mecanismo de disciplina parlamentaria que busca blindar la iniciativa ante posibles dilaciones.
El Gobierno y los sectores que apoyan la reforma ganan legitimidad al mostrar capacidad de gestión y resultados concretos en materia de seguridad, mientras que los grupos armados ilegales pierden margen de maniobra al enfrentarse a un marco normativo más restrictivo y sin beneficios para delitos atroces como el reclutamiento infantil. La narrativa se construye bajo la premisa de la 'normalización' de la justicia, donde el Estado recupera el control institucional frente a la discrecionalidad de los procesos de paz previos, consolidando una postura de mano firme que busca atraer el respaldo de la opinión pública.
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