Congresistas radican proyecto para prohibir redes sociales a menores de 16 años en Colombia
Resumen
Un grupo de congresistas del Centro Democrático, liderado por el senador Enrique Cabrales y el representante Jesús Lorduy, radicó un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. La iniciativa propone implementar mecanismos estrictos de verificación de edad, como reconocimiento facial y validación de identidad, estableciendo multas de hasta 5.000 salarios mínimos para las plataformas que incumplan la norma. Los autores argumentan que la medida es necesaria para proteger la salud mental de los menores, prevenir el ciberacoso y evitar el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.
El proyecto se fundamenta en datos que señalan que los menores colombianos pasan entre ocho y nueve horas diarias frente a pantallas, con un 62% de ellos sin supervisión parental. Los promotores sostienen que la protección de la infancia debe prevalecer sobre los intereses económicos de las empresas tecnológicas, exigiendo una corresponsabilidad entre el Estado, las familias y las plataformas. Esta propuesta legislativa coincide con la reciente expedición del Decreto 0769 de 2026 por parte del Gobierno Nacional, el cual reglamenta la protección integral de los menores en entornos digitales mediante un modelo de corresponsabilidad.
La iniciativa colombiana se alinea con una tendencia internacional de restricciones digitales, similar a las adoptadas en países como Australia, donde se fijó el límite en 16 años, y Francia, que recientemente aprobó una ley para menores de 15 años. Mientras los proponentes defienden la medida como un paso necesario para la seguridad infantil, el debate se centra en la viabilidad técnica de la verificación de edad y el impacto en las libertades digitales. El proyecto iniciará su trámite en el Congreso con el objetivo de ser aprobado en el transcurso de un año.
Análisis Político
La estrategia política del Centro Democrático se articula mediante la defensa de valores tradicionales y la seguridad familiar, utilizando la salud mental y el riesgo de reclutamiento como ejes narrativos para ganar respaldo popular. Al enmarcar la propuesta en una tendencia global de protección infantil, los congresistas buscan legitimar una intervención estatal fuerte en el sector tecnológico, posicionándose como defensores de la niñez frente a la supuesta negligencia de las plataformas digitales.
En este escenario, los congresistas ganan visibilidad política al liderar una agenda de alto impacto social, mientras que las empresas tecnológicas se perfilan como los principales actores perdedores al enfrentar posibles sanciones económicas y mayores costos operativos. La narrativa se construye bajo una dicotomía entre la protección de la integridad física y mental de los menores frente a la libertad de acceso a la información, obligando al Gobierno a equilibrar su reciente decreto reglamentario con las nuevas exigencias legislativas más restrictivas.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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