Los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, radicaron un proyecto de ley para eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Los congresistas argumentan que el gravamen, implementado desde 2023, no ha logrado modificar los hábitos de consumo y, en cambio, ha afectado negativamente a los pequeños comerciantes y tenderos. Según los autores, el impuesto encarece la canasta familiar y representa una carga económica injustificada para los establecimientos minoristas. La iniciativa ha generado una fuerte controversia con sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Estos grupos defienden la medida como una herramienta esencial de salud pública para reducir enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad, las cuales generan costos anuales cercanos a los 35 billones de pesos al sistema de salud. Los defensores de los impuestos señalan que la industria alimentaria presiona para su eliminación con el fin de proteger sus intereses comerciales. El debate se intensifica ante la posibilidad de que el Gobierno incluya la eliminación de este tributo en una futura reforma tributaria. Mientras los promotores del proyecto de ley insisten en la autonomía alimentaria y el alivio a los tenderos, los defensores de la medida subrayan el respaldo de organismos internacionales como la OMS. La discusión actual se centra en si el Estado debe intervenir en las decisiones nutricionales mediante políticas fiscales o si estas medidas resultan ineficaces y perjudiciales para la economía popular.

Análisis político

La estrategia política de los congresistas Briceño y Borda se basa en la construcción de una narrativa de 'defensa del bolsillo popular' y 'autonomía individual', posicionando el impuesto como un tributo regresivo que castiga al pequeño tendero en lugar de mejorar la salud. Al vincular el gravamen con el concepto de 'derroche estatal' y corrupción, buscan capitalizar el descontento económico de los comerciantes minoristas, un sector con alta capacidad de movilización y visibilidad política. En este escenario, los grandes ganadores son los sectores políticos de oposición que logran aglutinar a los gremios afectados bajo una bandera de alivio económico, mientras que el Gobierno y las organizaciones de salud pública pierden terreno al verse obligados a defender una medida impopular en términos de costo de vida. La narrativa se polariza entre la salud pública como bien colectivo, defendida por la academia, y la libertad de mercado y el alivio fiscal, defendida por los congresistas, dejando al consumidor en medio de una disputa sobre el rol del Estado en la vida cotidiana.

Los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, presentaron un proyecto de ley ante el Congreso con el objetivo de eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Esta medida, implementada inicialmente en 2023 bajo la administración de Gustavo Petro, buscaba desincentivar el consumo de productos asociados a enfermedades crónicas. Los autores de la iniciativa argumentan que el tributo no ha modificado los hábitos alimenticios de la población y, en cambio, ha generado una carga económica negativa para los pequeños comerciantes y tenderos del país. La propuesta sostiene que el gravamen ha afectado los ingresos del 67% de los establecimientos comerciales, con un riesgo de cierre para el 25% de estos negocios según los congresistas. Briceño y Borda cuestionaron la eficacia de la medida, calificándola como un impuesto al tendero que encarece la canasta familiar sin garantizar mejoras reales en la salud pública. Además, señalaron que el recaudo, que alcanzó 2,88 billones de pesos en 2024 y acumula 1,9 billones en 2026, no ha sido gestionado con la eficiencia esperada. Paralelamente, sectores académicos y de la sociedad civil han consolidado una alianza para defender la permanencia y el fortalecimiento de estas políticas. Este grupo argumenta que existe evidencia sobre la reducción en el consumo de productos procesados tras la aplicación de los impuestos y defiende el etiquetado frontal como una herramienta necesaria. La controversia actual pone en debate el papel del Estado en la regulación de la alimentación y la tensión entre la salud pública y la estabilidad económica de los pequeños comercios.

Análisis político

La estrategia política de los congresistas Briceño y Borda se centra en capitalizar el descontento de los pequeños comerciantes y tenderos, utilizando el impacto económico como eje central de su narrativa para deslegitimar una política del gobierno anterior. Al enmarcar el impuesto como un 'engaño' que afecta el bolsillo de los ciudadanos y no como una medida de salud, logran conectar con sectores que perciben la intervención estatal como una carga innecesaria, promoviendo a su vez una agenda de austeridad y reducción del gasto público. En este escenario, los defensores de la medida pierden terreno al verse obligados a defender una política fiscal impopular en un contexto de crisis de costos, mientras que los proponentes de su eliminación ganan visibilidad política al presentarse como defensores de la autonomía individual y la economía popular. La construcción de narrativas es divergente: mientras unos apelan a la evidencia científica y el derecho a la salud, otros construyen un relato de libertad económica y protección al pequeño empresario, lo que polariza la discusión sobre el rol del Estado en la nutrición nacional.