El presidente Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1525 de 2026, el cual establece nuevas reglas para la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones. La normativa, denominada estatuto de reacción y uso de la fuerza, define los criterios para determinar cuándo una protesta deja de ser pacífica y permite la intervención policial ante bloqueos o actos violentos. El Gobierno sostiene que la medida es garantista y busca proteger los derechos de terceros frente a posibles desmanes. La oposición política reaccionó de inmediato mediante la radicación de demandas de nulidad ante el Consejo de Estado por parte de congresistas como Jennifer Pedraza, Alejandro Ocampo y Laura Daniela Beltrán. Los demandantes argumentan que el Ejecutivo excedió sus facultades constitucionales al modificar las reglas de la protesta mediante un decreto en lugar de tramitar una ley estatutaria ante el Congreso. Además, cuestionan la falta de consulta previa con organizaciones sociales y advierten que la norma podría facilitar la criminalización de la movilización pacífica. Las acciones legales coinciden con la jornada de movilizaciones convocadas para el 14 de octubre por sindicatos y sectores afines al petrismo. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de establecer límites claros contra el vandalismo y la obstrucción de vías, los sectores críticos sostienen que el decreto debilita los mecanismos de diálogo y mediación. La controversia se centra en la tensión entre la autoridad estatal para mantener el orden y la protección del derecho fundamental a la reunión pública.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se enfoca en proyectar una imagen de orden y autoridad, utilizando la regulación administrativa como herramienta para desincentivar bloqueos y responder a las demandas de sectores gremiales. Al expedir el decreto en la víspera de una jornada de movilizaciones, el Ejecutivo busca marcar una línea divisoria clara entre la protesta pacífica y la acción violenta, intentando capitalizar políticamente la percepción de seguridad de la ciudadanía no movilizada. Por su parte, la oposición construye una narrativa de defensa de las libertades democráticas, posicionándose como el contrapeso institucional frente a lo que califican como un autoritarismo regresivo. En este escenario, los congresistas opositores ganan visibilidad al judicializar la política, mientras que el Gobierno asume el costo de la polarización al ser señalado de limitar derechos fundamentales. El resultado final dependerá de la interpretación del Consejo de Estado sobre la reserva de ley en materia de derechos fundamentales.