La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes inició una investigación penal previa contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la compra de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab. El negocio, firmado en noviembre de 2025, asciende a 16,5 billones de pesos y es la adquisición militar más costosa del siglo en Colombia. La investigación busca determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia un proceso penal formal. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la compra, argumentando que fue una decisión estratégica a largo plazo para el país, avalada por más de 100 expertos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana tras una década de análisis. Sánchez enfatizó la transparencia del proceso y señaló que organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría no han encontrado irregularidades. Explicó que el valor total incluye un paquete completo de armamento, entrenamiento y mantenimiento, y que la negociación se extendió por varios gobiernos. La investigación, liderada por la representante Gloria Elena Arizabaleta, también incluye la solicitud de información a entidades como la Procuraduría y la Contraloría, y la citación a declarar al ministro de Defensa. Adicionalmente, se compulsaron copias a la Fiscalía para investigar a la primera dama, Verónica Alcocer, por los mismos hechos. La Comisión busca esclarecer las circunstancias de la millonaria adquisición, que ha generado cuestionamientos sobre posibles sobrecostos y manejos irregulares.

Análisis político

Se observa una estrategia de control político y judicial por parte de la rama legislativa, específicamente la Comisión de Acusación, al iniciar una investigación penal contra el presidente. Esto se enmarca en un contexto de múltiples expedientes y denuncias contra el mandatario en dicha célula legislativa. El gobierno, a través del Ministerio de Defensa, responde con una narrativa de transparencia, decisión técnica y necesidad estratégica a largo plazo, buscando desvirtuar las acusaciones de irregularidades y sobrecostos. La inclusión de la primera dama en la investigación busca ampliar el alcance de las pesquisas y presionar al ejecutivo. El presidente Gustavo Petro y su gobierno podrían verse debilitados políticamente al enfrentar una investigación penal, lo que podría generar inestabilidad y afectar su agenda legislativa. Por otro lado, quienes impulsan la investigación, incluyendo sectores de oposición representados en la Comisión de Acusación, ganan visibilidad y capital político al interpelar directamente al jefe de Estado. Las narrativas contrapuestas se centran en la legalidad y transparencia del proceso de compra de los aviones Gripen, con el gobierno defendiendo la decisión técnica y estratégica, mientras que los denunciantes y la comisión investigadora apuntan a posibles delitos y sobrecostos.