La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó una reducción en los precios de los combustibles a partir del 9 de julio, destacando una caída de 100,3 pesos en la gasolina de 93 octanos y de 155,4 pesos en el diésel. Esta medida representa la segunda baja significativa desde el denominado "bencinazo" de marzo, evento que provocó alzas históricas debido a la crisis en el estrecho de Ormuz. La estatal aclaró que su rol es estimar precios basados en mercados internacionales, mientras que las distribuidoras fijan los valores finales de forma autónoma. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, atribuyó la baja a la estabilización temporal del crudo y recordó que Chile importa el 55% de su consumo, lo que vincula directamente los precios locales a la volatilidad externa. Por su parte, la ministra de Energía, Ximena Rincón, advirtió que la incertidumbre persiste debido a la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Ambos secretarios de Estado enfatizaron que el Gobierno monitorea constantemente el escenario global para ajustar las políticas de estabilización. La relevancia de este ajuste radica en el impacto directo sobre el costo de vida y el transporte, sectores duramente golpeados por el shock tarifario del primer trimestre. Aunque las autoridades mantienen un discurso de cautela ante posibles nuevas alzas, la ciudadanía percibe un respiro económico parcial. La persistencia del conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal factor de riesgo para futuras variaciones en los precios de los hidrocarburos.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en la gestión de expectativas, utilizando la comunicación de las bajas de Enap para mitigar el descontento social derivado del "bencinazo" de marzo. Al enfatizar la dependencia de factores externos como el conflicto en Medio Oriente, el Gobierno busca desviar la responsabilidad política por los precios internos, posicionándose como un actor que solo reacciona ante variables globales incontrolables. El gran perdedor es el bolsillo de los consumidores, quienes aún enfrentan precios superiores a los previos a marzo, mientras que el Gobierno gana un margen de maniobra temporal al evitar el costo político de nuevas alzas inmediatas. La narrativa oficial construye una dicotomía entre la estabilidad interna y la volatilidad internacional, permitiendo al Ejecutivo justificar tanto las intervenciones en el MEPCO como la eventual necesidad de futuros aumentos tarifarios.