Colombia enfrenta riesgo de racionamiento energético ante escasez de gas y niveles de embalses
Resumen
El sistema eléctrico colombiano atraviesa una situación crítica debido a la llegada del fenómeno de El Niño, que ha mantenido los embalses por debajo del 80% de su capacidad, nivel considerado necesario para afrontar la temporada seca. A pesar de las lluvias recientes, los aportes hídricos han sido insuficientes para recuperar las reservas, las cuales se sitúan cerca del 76%. El operador del sistema, XM, advirtió que el país estuvo al borde de un racionamiento a finales de septiembre y que el riesgo persiste si los niveles caen por debajo del 30% de su capacidad útil.
El Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Minas, Hacienda, Ambiente e Interior, ha reconocido la escasez de gas natural para cubrir la demanda de las plantas térmicas, las cuales deben operar a máxima capacidad para compensar la menor generación hidroeléctrica. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, señaló que Colombia ha tenido que importar cerca del 39% del gas necesario, un combustible que resulta significativamente más costoso que el producido localmente. Ante este panorama, el Ejecutivo ha solicitado al Congreso la aprobación de una adición presupuestal de 1,2 billones de pesos para subsidios eléctricos y ha ratificado la necesidad de reactivar la exploración de gas como política de Estado.
Líderes del sector energético, como Enel y el Grupo Energía Bogotá, coinciden en que el sistema es robusto pero carece de margen de maniobra ante el crecimiento de la demanda y los retrasos en proyectos de infraestructura. Expertos advierten que, además del riesgo de apagón, la crisis impactará los precios de la energía y la inflación de alimentos, afectando especialmente a los hogares más vulnerables. Las autoridades han hecho un llamado urgente al ahorro de energía y a la eficiencia en el consumo para evitar medidas de racionamiento durante el periodo crítico que se extenderá hasta el primer trimestre de 2027.
Análisis Político
La estrategia política del Gobierno se centra en trasladar la responsabilidad de la crisis a decisiones de administraciones anteriores, específicamente en la paralización de la exploración de hidrocarburos, mientras busca legitimidad para retomar dicha actividad bajo el argumento de la soberanía energética. Al mismo tiempo, el Ejecutivo utiliza el riesgo de un apagón como catalizador para presionar al Congreso en la aprobación de una adición presupuestal, vinculando la estabilidad del suministro eléctrico con la necesidad de recursos fiscales inmediatos.
En este escenario, el Gobierno gana margen de maniobra al posicionarse como gestor de una crisis heredada, pero pierde capital político si las medidas de ahorro y la gestión de precios no logran contener el descontento social por el alza en las tarifas. Por otro lado, los actores del sector privado construyen una narrativa técnica que enfatiza la falta de seguridad jurídica y la necesidad de infraestructura, distanciándose de la retórica política para exigir condiciones de mercado que garanticen la inversión a largo plazo, mientras el sector público intenta equilibrar la transición energética con la urgencia de la confiabilidad del sistema.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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