El sistema eléctrico colombiano se encuentra en un nivel de riesgo alto debido a la combinación de un fenómeno de El Niño que podría ser el más intenso desde 1950, el crecimiento de la demanda energética y un déficit de energía en firme del 5,4%. El operador del Sistema Interconectado Nacional, XM, ha reportado una disminución en los aportes hídricos y niveles de embalses por debajo de las metas establecidas, lo que obliga a una mayor dependencia de la generación térmica. Ante este panorama, las autoridades y gremios del sector han solicitado implementar campañas masivas de ahorro de energía y agua para evitar un posible racionamiento. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, ha señalado que la situación actual es resultado de la falta de nuevas inversiones, retrasos en proyectos de generación y transmisión, y dificultades en el licenciamiento ambiental acumuladas durante años. El sector energético enfrenta además una compleja crisis financiera con deudas acumuladas que superan los 4 billones de pesos, afectando principalmente a generadores y transportadores. Esta fragilidad operativa limita la capacidad de respuesta del sistema ante la creciente presión climática que se extendería hasta el primer trimestre de 2027. El Gobierno Nacional, junto con entidades como el Ideam, ha intensificado las medidas de prevención y el llamado a la ciudadanía para reducir el consumo, especialmente en horas pico. Mientras el Ministerio de Vivienda identifica cientos de municipios en riesgo por desabastecimiento de agua, el sector energético busca establecer una hoja de ruta con la administración actual para destrabar proyectos y garantizar la confiabilidad del suministro. La prioridad es mantener los embalses en niveles óptimos para transitar los meses más críticos del fenómeno climático sin detener la actividad económica del país.

Análisis político

Se observa una estrategia de presión gremial que busca trasladar la responsabilidad de la crisis energética hacia la falta de políticas públicas de largo plazo y la gestión de gobiernos anteriores, mientras se intenta alinear al actual Ejecutivo en una agenda de soluciones técnicas urgentes. La narrativa de los generadores se centra en la necesidad de 'trabajar juntos' para evitar un apagón, utilizando el miedo al racionamiento como catalizador para destrabar proyectos de infraestructura y resolver problemas de liquidez financiera en el mercado eléctrico. En este escenario, el Gobierno pierde margen de maniobra al quedar expuesto a una posible crisis de servicios públicos que afectaría directamente la percepción ciudadana, mientras que los gremios ganan relevancia al posicionarse como los expertos que advierten y proponen soluciones. La construcción de narrativas es divergente: mientras el sector privado enfatiza la urgencia de inversiones y señales de mercado, las autoridades gubernamentales se enfocan en la gestión de la demanda y la adaptación climática, intentando mitigar el impacto social de un eventual desabastecimiento.

El operador del Sistema Interconectado Nacional, XM, ha emitido una alerta de riesgo alto por desabastecimiento eléctrico debido a la combinación de bajos aportes hídricos, embalses por debajo de la meta del 80% y un incremento en la demanda de energía. La situación se agrava por una deuda acumulada en el mercado eléctrico que asciende a 4 billones de pesos, afectando principalmente a generadores térmicos y transportadores. Ante este panorama, se ha solicitado al Gobierno y a la ciudadanía activar campañas masivas de ahorro de agua, energía y gas para evitar racionamientos en los próximos meses. Gremios del sector energético advierten que el país entra a este fenómeno climático con un déficit de energía en firme, resultado de años de retrasos en inversiones, licenciamientos ambientales y proyectos de infraestructura. La generación térmica deberá operar a su máxima capacidad, alcanzando hasta 100 GWh diarios, para compensar la caída en la generación hidroeléctrica. Expertos señalan que el punto más crítico para el sistema eléctrico se presentaría en abril de 2027, cuando los embalses alcancen sus niveles mínimos operativos. El Ideam y organismos internacionales han confirmado que el fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose, con una probabilidad superior al 90% de alcanzar una intensidad histórica que se prolongaría hasta el primer trimestre de 2027. Además de la crisis energética, las autoridades han alertado sobre el aumento del riesgo de incendios forestales, afectaciones en la agricultura y posibles dificultades en el suministro de agua potable. Empresas de servicios públicos han desplegado cuadrillas de emergencia y emitido recomendaciones para mitigar riesgos en la infraestructura eléctrica ante las altas temperaturas.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la transferencia de responsabilidad hacia la ciudadanía mediante llamados al ahorro, mientras los gremios energéticos capitalizan la crisis para presionar por la destrabada de proyectos de infraestructura y cambios en la regulación ambiental. El Gobierno se encuentra en una posición defensiva, debiendo gestionar una crisis operativa que, según los gremios, es el resultado de una planeación insuficiente en los últimos años, lo que debilita su narrativa de transición energética y soberanía nacional. En este escenario, los generadores térmicos y los agentes del mercado eléctrico ganan relevancia operativa al ser indispensables para evitar el colapso, pero pierden estabilidad financiera debido a la alta deuda acumulada. Por otro lado, el Gobierno pierde capital político al enfrentar un posible racionamiento que afectaría el crecimiento económico y el bienestar social, mientras que la oposición y los gremios construyen una narrativa de negligencia administrativa frente a las advertencias climáticas que ya eran conocidas desde el año anterior.