El Consejo Nacional Electoral finalizó el escrutinio de la Circunscripción Especial Afro para la Cámara de Representantes, asignando los dos escaños disponibles a Óscar Benavides y Wisner Sandoval. La decisión generó una fuerte controversia, ya que Benavides, cuya lista obtuvo la mayor votación, reclamaba que la segunda curul debía ser para su copartidaria Anyela Guanga. El organismo electoral justificó la entrega a Sandoval basándose en la aplicación de las reglas de asignación cuando ninguna lista alcanza la cifra repartidora. Óscar Benavides calificó la determinación como un robo y denunció presuntos vínculos entre Sandoval y el exsenador condenado Eduardo Pulgar. Durante la audiencia de entrega de credenciales, el representante electo acusó a los magistrados de actuar bajo intereses políticos y anunció que interpondrá denuncias penales y demandas ante el Consejo de Estado. Por su parte, el presidente del CNE, Benjamín Ortiz, defendió la transparencia del proceso y señaló que los inconformes tienen a su disposición los mecanismos de nulidad electoral. El conflicto se agravó por denuncias previas que solicitaban la revocatoria de la inscripción de los candidatos del movimiento Libres, incluyendo a Guanga, por presuntas inhabilidades derivadas de contratos con entidades públicas. Mientras el CNE cerró el escrutinio nacional, la legitimidad de la segunda curul afro permanece bajo disputa jurídica. El senador electo Iván Cepeda ha manifestado su respaldo a las acciones legales que emprenderá el sector afectado por la decisión.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la judicialización de los resultados electorales como mecanismo de presión pública y defensa de intereses partidistas. El representante Benavides utiliza un discurso de indignación moral para deslegitimar al CNE, vinculando la decisión técnica con la corrupción de clanes tradicionales, lo que le permite capitalizar el descontento ciudadano y fortalecer su narrativa de lucha contra la politiquería. Por otro lado, el CNE se refugia en la institucionalidad y el procedimiento técnico para blindar su decisión, trasladando la responsabilidad de la resolución final a la jurisdicción contencioso-administrativa. En este evento, el principal perdedor es la confianza en la transparencia del escrutinio, dado que la controversia empaña la instalación del nuevo Congreso. Gana terreno el Partido Demócrata Colombiano al asegurar el escaño, aunque queda expuesto a un desgaste reputacional por los señalamientos de clientelismo. La narrativa se construye mediante una polarización clara: mientras un sector se presenta como la víctima de un sistema corrupto que vulnera la voluntad popular, el otro actor se posiciona como el beneficiario de una aplicación estricta de la norma electoral, dejando el desenlace final en manos de los jueces.