La revelación de chats entre el expresidente Gustavo Petro y la exconsejera Eva Ferrer, obtenidos mediante un peritaje forense, expone denuncias sobre una presunta red de corrupción y tráfico de influencias en la Casa de Nariño. Ferrer alertó al entonces mandatario sobre las actuaciones de Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama, señalando que ambos buscaban beneficios en contratos y cargos públicos. Petro respondió a estas advertencias calificando a los mencionados como personas corruptas, aunque no se evidencia en los registros que hubiera ordenado investigaciones adicionales. El contenido de las conversaciones también detalla el deterioro de la relación entre Ferrer y Verónica Alcocer, marcada por acusaciones de acoso laboral, aislamiento y diferencias sobre el ejercicio del poder. Ferrer describió a la exprimera dama como una figura que ignoraba la institucionalidad y que, junto a su círculo cercano, ejercía presiones indebidas. La exconsejera afirmó que su negativa a facilitar las gestiones de Escaf y Fernández Alcocer provocó represalias en su contra, incluyendo el impago de honorarios por servicios prestados desde la campaña presidencial. La ruptura definitiva del círculo íntimo presidencial se consolidó en agosto de 2026, tras un intercambio de mensajes donde Petro reprochó a Ferrer por supuestamente dañar a la madre de sus hijos. Ferrer negó haber filtrado información y contraatacó señalando que ella misma había sido víctima de hostigamiento durante años. Este conflicto personal y político se suma a una disputa económica por más de 640 millones de pesos, la cual no logró resolverse en una audiencia de conciliación reciente, dejando el caso en manos de la justicia civil y bajo la lupa de la Fiscalía.

Análisis político

La estrategia política observada revela una fractura interna profunda en el círculo de confianza del gobierno, donde la gestión de la institucionalidad se vio supeditada a intereses personales y familiares. La revelación de los chats funciona como una herramienta de confrontación donde los actores utilizan la información privada para deslegitimar a sus antiguos aliados, construyendo narrativas de victimización y lucha contra la corrupción para proteger su propia imagen pública ante las investigaciones judiciales en curso. En este escenario, el principal perdedor es la legitimidad del proyecto político presidencial, al quedar expuesta la incapacidad de control sobre el entorno cercano y la existencia de presuntas redes de influencia. Por su parte, los actores involucrados, como Ferrer y el entorno de Alcocer, pierden capital político al quedar inmersos en una disputa pública que trasciende lo administrativo para convertirse en un escándalo de carácter ético y judicial, mientras que la oposición gana terreno al utilizar estas revelaciones como evidencia de las irregularidades denunciadas.

Un informe pericial de informática forense reveló conversaciones mantenidas entre el expresidente Gustavo Petro y la exconsejera presidencial Eva Ferrer a través de la aplicación LINE, entre octubre de 2022 y agosto de 2026. En estos mensajes, Ferrer alertó al entonces mandatario sobre una presunta red de corrupción, tráfico de influencias y manejo irregular de cargos que involucraría a Agmeth Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama Verónica Alcocer. La exconsejera también denunció haber sido víctima de acoso laboral y aislamiento dentro del círculo presidencial por parte de personas cercanas a Alcocer. Las comunicaciones exponen el deterioro progresivo de la relación entre Ferrer y la exprimera dama, así como las tensiones internas en la Casa de Nariño. Ferrer manifestó a Petro que sus intentos por denunciar estas irregularidades fueron ignorados o minimizados, señalando que el entorno de Alcocer buscaba perjudicar su gestión y su proyecto personal. El intercambio de mensajes concluyó en agosto de 2026, tras una serie de publicaciones periodísticas que involucraron a la exconsejera en señalamientos sobre fondos y contratación pública. Paralelamente, la disputa entre Ferrer y el entorno de la exprimera dama escaló al ámbito judicial tras fracasar una audiencia de conciliación por una deuda superior a los 640 millones de pesos. Esta cifra, según la defensa de Ferrer, corresponde a servicios de asesoría prestados durante la campaña presidencial de 2022 y los inicios del gobierno. Ante la falta de acuerdo, la exasesora contempla iniciar acciones legales en la justicia civil, mientras la Fiscalía avanza en indagaciones sobre los audios y denuncias de corrupción revelados recientemente.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la judicialización de conflictos personales y la filtración selectiva de información para debilitar la legitimidad del círculo íntimo del expresidente. Al exponer chats privados, Ferrer busca posicionarse como una denunciante de irregularidades frente a un sistema que, según su narrativa, la excluyó y maltrató, mientras que el entorno de Alcocer opta por el silencio administrativo y la desestimación de las reclamaciones económicas para evitar validar las acusaciones de corrupción. En este escenario, el gran perdedor es la imagen de transparencia del proyecto político del Pacto Histórico, al quedar expuestas las disputas internas y las denuncias de clientelismo en la Casa de Nariño. Por su parte, Ferrer gana visibilidad mediática como informante clave, aunque asume el riesgo de ser investigada por su propia participación en las gestiones que ella misma describe. La construcción de narrativas es divergente: mientras Ferrer se presenta como una víctima del sistema que intentó alertar sobre la corrupción, el entorno presidencial la señala como una figura resentida que busca beneficios económicos mediante el chantaje y la difamación.