Un soldado profesional identificado como José Manuel López Villada murió y otros militares resultaron heridos tras la activación de un campo minado en la vía Panamericana. Los hechos ocurrieron en el sector de Puente Mayo, en el límite entre los departamentos de Cauca y Nariño, mientras las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 9 Batalla de Boyacá realizaban labores de verificación ante una alerta por un presunto dispositivo explosivo improvisado. La detonación se produjo durante las maniobras de inspección destinadas a neutralizar la amenaza en este corredor estratégico del suroccidente del país. Las autoridades militares atribuyeron de manera preliminar el ataque a integrantes del frente Franco Benavides, una estructura del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Este evento se suma a una serie de hostigamientos registrados durante el fin de semana contra la Fuerza Pública en municipios caucanos como Cajibío, Inzá y El Patía. El Ejército Nacional confirmó que los uniformados heridos fueron trasladados a centros asistenciales, mientras se mantiene el despliegue de tropas en la zona para garantizar la seguridad. El Ministerio de Defensa condenó el uso de estos artefactos, calificándolos como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. La institución dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento a la familia del soldado fallecido. Las operaciones militares en la región continúan con el objetivo de establecer el control territorial y esclarecer las circunstancias exactas de la instalación de los explosivos.

Análisis político

La estrategia de los grupos armados ilegales se centra en el uso de minas antipersona y hostigamientos constantes para desgastar la capacidad operativa de la Fuerza Pública y generar zozobra en corredores viales estratégicos. Esta táctica busca desafiar la autoridad estatal en zonas de alta conflictividad, utilizando el control de infraestructura crítica como una herramienta de presión política y militar. Por su parte, el Gobierno intenta contrarrestar esta narrativa mediante la visibilización de resultados operacionales, como las recientes bajas y capturas reportadas en Nariño, buscando demostrar control a pesar de la persistencia de la violencia. En este escenario, el Estado pierde legitimidad y control territorial inmediato ante la opinión pública al no poder garantizar la seguridad en una vía principal, mientras que las disidencias de las Farc consolidan una narrativa de poder regional mediante la capacidad de causar bajas directas a los militares. La construcción de estas realidades contrapuestas —la del Gobierno enfocada en la ofensiva y la de los grupos armados en la resistencia y el sabotaje— profundiza la polarización sobre la efectividad de la política de seguridad actual en el suroccidente colombiano.