La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) han declarado un estado de alerta permanente ante el anuncio de nuevas alzas en el precio del diésel. Los gremios exigen al Gobierno la implementación obligatoria de un mecanismo de 'Fuel Surcharge' para traspasar automáticamente las variaciones de costos a los contratos de flete. Esta demanda surge tras la posibilidad de que Estados Unidos suspenda sus exportaciones de diésel, lo que impactaría severamente a Chile, país que importa el 80% de su diésel refinado desde dicho mercado. El Presidente José Antonio Kast reconoció que una restricción en la oferta estadounidense sería una noticia negativa con efectos globales, advirtiendo que el Ejecutivo ya analiza medidas paliativas similares a las aplicadas durante el 'bencinazo' de marzo. Los dirigentes gremiales, encabezados por Juan Araya y Sergio Pérez, sostuvieron reuniones con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, para exponer la inviabilidad financiera de absorber nuevos sobrecostos. Argumentan que el sector, que moviliza el 96% de las mercancías del país, carece de márgenes para enfrentar incrementos que podrían elevar el litro de combustible cerca de los $1.500. La tensión se agudiza ante la proyección de un cuarto incremento consecutivo en los precios de los combustibles, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo jueves. Los camioneros insisten en la restitución formal del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y la corrección de lo que denominan una distorsión impositiva. La autoridad se comprometió a trasladar estas propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mientras el sector productivo advierte que cualquier alza adicional se traducirá inevitablemente en mayor inflación para la población.

Análisis político

La estrategia de los gremios de transporte se basa en la presión directa mediante la amenaza de movilización y la exigencia de una institucionalización de sus demandas, buscando que el 'Fuel Surcharge' sea ley para blindar sus márgenes de utilidad frente a la volatilidad internacional. Por su parte, el Gobierno intenta contener el descontento mediante la apertura de mesas técnicas y la promesa de medidas paliativas focalizadas, buscando evitar un conflicto social mayor que afecte la cadena de suministro y la inflación, un tema sensible para la estabilidad política del Ejecutivo. En este escenario, el gremio de camioneros busca consolidar su rol como actor de veto en la política económica, mientras que el Gobierno intenta mantener el control de la narrativa evitando ceder a presiones que comprometan el presupuesto fiscal. Pierden los consumidores finales, quienes enfrentan la presión inflacionaria de los costos de transporte, y el Ejecutivo, que se ve forzado a gestionar una crisis externa que limita su margen de maniobra fiscal y política ante un sector con alta capacidad de paralización nacional.