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Octubre 28, 2026
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Cámara pide revisar decretos de rebaja de condenas a abusadores de menores desde 2022Actualizado · hace 5 díasi

Resumen i

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución que solicita al Gobierno revisar y revocar, en los casos que corresponda, los decretos que concedieron beneficios de reducción de condena a condenados por delitos sexuales desde 2022. La iniciativa, impulsada por parlamentarios de Renovación Nacional, busca identificar si el beneficio se otorgó bajo criterios administrativos o judiciales y exige priorizar un proyecto de ley que prohíba estas rebajas para delitos violentos. Esta medida surge tras la polémica por 56 decretos firmados por el Ministerio de Justicia, los cuales permitieron la liberación de condenados por abusos contra menores.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha defendido la legalidad de sus actuaciones argumentando que se limitó a aplicar una doctrina judicial respaldada por la Corte Suprema, la cual obliga a conceder el beneficio si se cumplen los requisitos de conducta intachable. El Ejecutivo, ante la presión política y la amenaza de una acusación constitucional por parte de la oposición, anunció la suspensión temporal de la tramitación de nuevos decretos. Paralelamente, el Gobierno ingresó un proyecto de ley con discusión inmediata para modificar la normativa vigente, introducir reglas de temporalidad claras y permitir la participación de las víctimas en el proceso.

La controversia ha generado un intenso debate sobre la interpretación de la Ley N.º 21.421 y la irretroactividad penal, enfrentando a quienes defienden el cumplimiento estricto de la ley frente a quienes exigen una mayor responsabilidad política. Mientras el oficialismo sostiene que el problema radica en vacíos legales heredados, la oposición acusa al Ejecutivo de negligencia y falta de criterio al otorgar beneficios administrativos. La situación ha derivado en una agenda legislativa acelerada que busca trasladar la resolución de estos beneficios desde comisiones administrativas hacia tribunales especializados de ejecución de penas.

Análisis Político i

La estrategia política observada se basa en una disputa por la narrativa de la responsabilidad institucional. El Gobierno intenta desplazar el costo político hacia la rigidez de la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema, buscando presentarse como un actor que, aunque limitado por la ley, actúa con proactividad legislativa para cerrar vacíos. Por su parte, la oposición utiliza la indignación pública por los delitos sexuales para debilitar al ministro de Justicia, empleando la amenaza de una acusación constitucional como una herramienta de presión para forzar una rectificación política y desgastar la figura del Ejecutivo.

En este escenario, el gran perdedor es el ministro de Justicia, cuya gestión ha quedado marcada por la impopularidad de los decretos y la vulnerabilidad ante una posible destitución. El Gobierno, aunque logra ganar tiempo mediante la suspensión de decretos y la presentación de reformas, enfrenta un riesgo de erosión en su discurso de 'mano dura' contra la delincuencia. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo apela al cumplimiento técnico de la Constitución para justificar sus actos, la oposición construye un relato de impunidad, vinculando las decisiones administrativas con una supuesta falta de sensibilidad hacia las víctimas y la seguridad pública.

Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente

✓ VERIFICADO
Información corroborada por 22 medios independientes, incluyendo fuentes institucionales: Ministerio de Justicia .

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