El Ejecutivo ingresó al Congreso, con discusión inmediata, un proyecto de ley para extender y ampliar el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y el Fondo de Garantías Especiales (FOGAES). La iniciativa busca aumentar los cupos disponibles de 50.000 a 80.000 y elevar el tope de valor de las viviendas elegibles de 4.000 a 6.000 UF. Esta medida se extenderá hasta el 31 de mayo de 2028 para evitar que el programa se agote en septiembre de 2026, mes en el que se proyectaba el fin de los recursos actuales. Los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Vivienda, Iván Poduje, explicaron que la propuesta se complementa con la exención temporal del IVA a viviendas nuevas. Según el Gobierno, esta combinación permitiría una rebaja de precios cercana al 10% y reduciría los ingresos familiares requeridos para acceder a un crédito hipotecario, pasando de 4 millones a 3 millones de pesos para una propiedad de 5.000 UF. El objetivo central es reactivar el sector inmobiliario, reducir el stock de 100.000 viviendas sin vender y fomentar la creación de empleo. La Cámara Chilena de la Construcción valoró positivamente el anuncio, calificándolo como una medida necesaria para fortalecer la actividad económica y reducir el déficit habitacional. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa en general y particular durante la misma jornada, dejándola lista para su votación en Sala. El sector privado estima que el proyecto facilitará el acceso a la vivienda para sectores medios que actualmente no califican para los beneficios vigentes.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en la reactivación económica mediante el estímulo a la demanda en un sector clave como la construcción, utilizando incentivos fiscales para movilizar el stock inmobiliario acumulado. Al alinear el subsidio con la exención del IVA, el Gobierno construye una narrativa de 'circuito virtuoso' que busca conectar la estabilidad financiera con el acceso a la vivienda para la clase media, un segmento electoralmente sensible que se percibe como 'demasiado rico para el Estado y muy pobre para los bancos'. En este escenario, el Gobierno y el sector inmobiliario resultan los principales ganadores al lograr una tramitación legislativa rápida y transversal, lo que refuerza la imagen de gestión pro-crecimiento. Por el contrario, la incertidumbre recae sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y la capacidad real de estas medidas para reducir el déficit habitacional sin presionar excesivamente los precios de mercado. La narrativa oficial logra capitalizar el optimismo del sector privado, desplazando el foco de la crisis habitacional hacia una solución técnica de mercado.