La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al presidente José Antonio Kast la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y de sus subsecretarios. La medida surge tras la polémica concesión de 56 decretos de rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. La oposición argumenta que el Ejecutivo incumplió su deber de proteger a las víctimas y cuestiona la falta de transparencia en los criterios utilizados para otorgar estos beneficios administrativos.

Análisis político

La estrategia política del oficialismo se ha centrado en trasladar la responsabilidad hacia los tribunales y las administraciones anteriores, argumentando que el ministro Rabat simplemente cumplió con fallos judiciales y mandatos legales. Por el contrario, la oposición utiliza el caso para erosionar la narrativa de seguridad del gobierno de Kast, calificando la gestión como una traición a sus promesas electorales y preparando una acusación constitucional como herramienta de fiscalización y desgaste político. En este escenario, el gobierno pierde capital político al quedar expuesto a una crisis de coherencia entre su discurso de 'mano dura' y la liberación de agresores, mientras que la oposición gana terreno al unificar sus filas en torno a la defensa de las víctimas. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo apela al cumplimiento técnico de la ley, la oposición construye un relato moral que vincula al Ejecutivo con la impunidad y la desprotección de la infancia.