La Alcaldía de Cali implementó un toque de queda, militarización y la declaratoria de calamidad pública tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026. Estas medidas buscan facilitar las labores de rescate, controlar intentos de saqueo y gestionar la saturación de la red hospitalaria, que se encuentra en alerta roja. El alcalde Alejandro Eder solicitó la colaboración ciudadana para despejar las vías y permitir el trabajo de los equipos de emergencia, que incluyen a más de 200 rescatistas y personal de ingeniería militar desplegados en las zonas más afectadas. El impacto del sismo dejó un saldo preliminar de 35 fallecidos, más de 700 heridos y 188 personas desaparecidas, además de daños severos en 40 edificios y 39 centros educativos. Ante la magnitud de la crisis, la administración municipal suspendió el Festival Petronio Álvarez y habilitó la Unidad Deportiva Jaime Aparicio como centro de acopio y albergue. El Gobierno nacional, a través de sus delegados, coordina con las autoridades locales un plan de choque que incluye subsidios de arriendo para los damnificados y el refuerzo de la seguridad con más de 1.000 uniformados. En medio de la atención a la emergencia, el alcalde Alejandro Eder fue agredido por un grupo de personas durante un recorrido por una de las zonas afectadas. El mandatario recibió un impacto de piedra en la cabeza mientras su esquema de seguridad lo retiraba del lugar ante gritos de rechazo. Las autoridades locales han iniciado una investigación analizando cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque, mientras la ciudad continúa bajo restricciones de movilidad nocturna para garantizar el orden público.

Análisis político

La estrategia política de la administración local se centra en la centralización del mando y la securitización de la respuesta ante la crisis, utilizando la militarización y el toque de queda como herramientas para contener el descontento social y prevenir el caos. Esta narrativa de 'orden y autoridad' busca proyectar control institucional en un momento de alta vulnerabilidad, aunque la agresión sufrida por el alcalde evidencia una fractura en la legitimidad y una creciente tensión entre la ciudadanía afectada y el gobierno local. En este escenario, el gobierno municipal y nacional ganan capacidad de maniobra administrativa mediante la calamidad pública, pero pierden capital político ante la percepción de ineficiencia o descontento en los territorios. La narrativa oficial se construye sobre la urgencia de la reconstrucción y la unidad, mientras que los sectores críticos utilizan el espacio público para manifestar su rechazo, transformando la gestión del desastre en un campo de disputa política sobre la capacidad de respuesta del Estado.